La junta de BBVA reelige como consejero ejecutivo a González-Páramo y nombra a KPMG auditor hasta 2019

Así, la auditora realizará la supervisión de las cuentas de la entidad durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019, un trabajo que hasta ahora llevaba a cabo Deloitte.

Además, los accionistas han reelegido a los consejeros Carlos Loring (externo), Susana Rodríguez (externa), Tomás Alfaro Drake (independiente) y Lourdes Máiz (independiente), al tiempo que han aprobado las cuentas anuales y los informes de gestión del pasado ejercicio.

De acuerdo con el esquema de aplicación del resultado que la junta ha aprobado este viernes, el banco destina al pago de dividendo total 1.043,75 millones de euros. Esta cantidad ya fue distribuida en su integridad con anterioridad a la junta en forma de dividendos a cuenta, como aprobó el consejo de administración en sus reuniones de junio y diciembre del pasado ejercicio.

Del resto del beneficio obtenido por la entidad, 19,5 millones de euros se destinan a reserva legal; 129,7 millones de euros a reservas voluntarias y 209,7 millones de euros al pago del efectivo derivado de la compra de derechos de asignación gratuita de los accionistas en el marco del programa 'Dividendo opción'.

La junta también ha dado su visto bueno a delegar en el consejo la facultad de emitir, en un plazo de cinco años, valores convertibles en acciones de la entidad por un máximo de 8.000 millones de euros. Hace cinco años, la junta de accionistas también autorizó al consejo a emitir hasta 12.000 millones de euros en bonos convertibles.

Por otro lado, la entidad aumentará su capital social tras emitir nuevas acciones ordinarias a un valor nominal de 0,49 euros, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las que hay actualmente en circulación.

Asimismo, la junta ha otorgado al consejo de administración la potestad para excluir el derecho de suscripción preferente en estas emisiones de valores hasta el 20% del capital social del banco.

Además, la junta de accionistas ha autorizado al consejo de administración para aumentar el capital social durante un plazo de cinco años hasta un máximo correspondiente al 50% del capital social, pudiendo excluir igualmente el derecho de suscripción preferente hasta el 20%.