Según han señalado a Efe fuentes próximas al concurso, la liquidación de los activos del banco está bloqueada a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva la impugnación interpuesta por la mutua contra un plan que parecía haber obtenido el respaldo de los casi 15.700 acreedores de la firma.

Tanto es así que a mediados del pasado año, la administración concursal de Banco Madrid, conformada por Legal y Económico, Data Concursal y la Agencia Tributaria, propuso anticipar el pago de los créditos a los primeros acreedores tras recibir la aprobación del juez encargado del procedimiento, Carlos Nieto.

Un hito que sus administradores calificaron de "excepcional" al ser uno de los primeros concursos en España en conseguir una autorización de este tipo, y que se materializó apenas meses más tarde, cuando la entidad adelantó el pago de 172 millones de euros.

Esta cantidad supone, de forma desglosada, el reintegro del 100 % de los créditos privilegiados -cifrados en unos 2,7 millones de euros- y aproximadamente el 50 % de los ordinarios, esto es, los efectuados una vez satisfechos no sólo los primeros sino también, aquellos contra la masa.

Sin embargo, el pasado 28 de diciembre PSN reclamó el pago del 50 % de lo adeudado, una petición que, según consta en el informe trimestral puesto a disposición de los acreedores, no se atendió ya que esta cuantía, próxima a los 350.000 euros, compensaba los créditos contraídos en su momento por la mutua.

Este hecho se tradujo en un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, que en diciembre de 2015 aprobó el plan de liquidación, explica el citado documento, al que no se ha planteado alternativa alguna.

Las fuentes consultadas exponen que el bloqueo actual afecta especialmente a la venta de los activos inmobiliarios pues, al carecer de una decisión en firme, los contratos no pueden registrarse.

En este sentido, aseguran que el paso del tiempo también puede condicionar el proceso ya que cuanto más se demore el cierre de la liquidación, mayor será el coste que los administradores deberán destinar a gastos secundarios.

Entre estos, se encontraría el coste de mantenimiento del concurso, declarado de forma voluntaria en marzo de 2015, apenas días más tarde de que el Banco de España interviniese la entidad y después de que Estados Unidos acusara a su matriz, BPA, de blanquear dinero procedente del crimen organizado.

Tanto a la variable del tiempo como al precio final al que puedan adjudicarse los inmuebles en futuras subastas, posiblemente por debajo de lo fijado en un primer momento, se encuentra vinculada la liquidez de la entidad para hacer frente al pago de los acreedores, a los que se espera abonar el 80 % de sus derechos.

Con todo, el banco, ahora convertido en empresa, continúa trabajando, lo que ha permitido el progresivo incremento de su liquidez, consecuencia de la venta de cartera propia, de comisiones procedentes de fondos y de otros hechos corporativos.

Al respecto, las fuentes señalan que cada vez son menos los ajustes a realizar en materia de tesorería, y destacan la rapidez del proceso a pesar de los diferentes obstáculos y el frente judicial, donde el concurso permanece a la espera de ser calificado.

Pero también de la causa actualmente abierta en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde se investiga si el antiguo consejo de administración del banco permitió conductas de blanqueo de capitales por no haber adoptado medidas de prevención eficaces.

Un procedimiento remitido por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que en abril de 2015 admitió a trámite la querella de dos clientes de la entidad contra Banco Madrid, su expresidente José Pérez, el ex consejero delegado Joan Pau Miquel -en arresto domiciliario después de haber estado en prisión en Andorra-, los hermanos y dueños de BPA Higini y Ramón Cierco, y el exsecretario del consejo Rodrigo Achirica, entre otros.

Al margen de estos hechos, la administración concursal de Banco Madrid ya trabaja en un plan de futuro destinado a los acreedores, en el que destaca la creación de medidas de depósito y archivo de documentación a efectos fiscales, a la espera de poder salvar los obstáculos y cerrar la liquidación antes de que termine el año. EFECOM