Salían los accionistas del Banco Popular un tanto perplejos con el tono empleado por Emilio Saracho en su primera junta como presidente de la entidad. “Estamos en la ruina y encima mira cómo nos ha respondido. Esperaba que fuera algo más modesto y no tan chulo”, comentaba uno de los viejos inversores minoritarios que abandonaban la junta con un profundo malestar.

Tras el discurso de Saracho, durante más de dos horas tomaron la palabra una veintena de accionistas que, en general, quisieron dar un voto de confianza al nuevo presidente 50 días después de su llegada al cargo el pasado 20 de febrero. El que no otorgaban los inversores. Tras la junta, el Popular se desplomaba casi un 10%, hasta 0,73 euros por acción, para dejar la capitalización en 3.063 millones, 425 menos de lo que valía cuando llegó Saracho. Y el banco reaccionaba con un secreto a voces, el nombramiento de Ignacio Sánchez-Asiaín como nuevo consejero delegado.

Cuestiones recurrentes

Entre las cuestiones planteadas, los emolumentos que va a cobrar el expresidente Ángel Ron, la supuesta avalancha de denuncias que se están fraguando por los movimientos acaecidos en torno a la ampliación de capital de mayo de 2016 o la mayor concreción sobre la hoja de ruta que se va a a seguir a corto plazo.

Y Saracho no se arrugó con ninguna. Quiso dejar bien claro lo que, en cierto modo, ya se sabía. “Venderemos todo lo que podamos y después pediremos recursos a los inversores”. Y lanzó un aviso a navegantes. “Si nos deniegan el capital nos iremos al sitio donde no queremos ir”, en alusión directa a la venta de la entidad al mejor postor. En ese sentido, sentenciaba que “la independencia es un valor hasta que se convierte en una carga. Habrá un momento en que habrá que elegir entre uno y otro”.

"Los planes no se cuentan, se ejecutan"

Lo que no quiso desvelar el presidente del banco a los accionistas son los planes concretos que tiene pensado acometer para lograr los objetivos. “Los planes no se describen, se ejecutan. No voy a presentar ningún plan en la junta ni a decir nada de lo que voy a hacer”. Lo que sí quiso dejar claro es que “no va a ser nada revolucionario” y que, en el fondo, el objetivo final no dista del planteado por el equipo de Ron. “Eso sí, nos queda más trecho de lo que se pensó inicialmente”, precisaba.

Sí dejó bien claro Saracho que el banco necesitará más capital para cumplir con las exigencias regulatorias, aunque “no sé ni cuánto ni cuándo. Todo dependerá de lo que saquemos con las desinversiones”, reconocía, pensando en seguir vendiendo a manos llenas créditos y activos inmobiliarios, y también activos no estratégicos, como pueden ser la filial estadounidense Total Bank o WiZink, el negocio con tarjetas. Dos desinversiones por las que el Popular baraja ingresar unos 2.000 millones de euros.

El presidente del Popular tuvo también respuestas cortas y contundentes para algunos de los asuntos directos planteados por los accionistas. “¿Que pasa si no se aprueban las cuentas?”, le espetaba uno de los accionistas, que anunciaba su voto en contra. Saracho, aun sabiendo que esto sería imposible, respondía que “si no se aprueban estas cuentas, traeremos otras a la junta”. Y también, en respuesta a otro minoritario, confirmaba que en 2017 no se iban a repartir dividendos “porque estamos cortos de capital”.

Las aportaciones hechas a Ron no se tocan

Respecto a la polémica relativa al dinero que se va a llevar tras su cese el expresidente Ángel Ron, Saracho prefirió que fuera Francisco Aparicio, secretario del consejo de administración, el que lo explicara. “Ron no va a recibir ninguna indemnización. Lo que tiene es un sistema de ahorro diferido por el que se han ido haciendo aportaciones, y está en los estatutos desde 1979. Por tanto, no vamos a cambiar nada”. Y, añadía, “si se demostrara que hubiera habido dolo, ya veríamos”.

Ante algunas de las preguntas planteadas por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), como portavoz de algunos accionistas del Banco Popular, el propio Aparicio comentaba que “si tenemos evidencias de acciones dolosas iniciaremos las acciones pertinentes. Pero hasta ahora solo sabemos de rumores”, y lanzaba un llamamiento para que “si algún accionista tuvieran constancia de actuaciones para bajar el precio de la acción, nos las comunicara”.

Entre esos rumores, Saracho quiso salir al paso de las presuntas denuncias que se iban a  presentar desde México. “Son unos señores mexicanos que nadie conoce, y cuando llegue la demanda , veremos. De momento, no hay confirmación alguna de nada”, sentenciaba el presidente del Popular.

Ausencias de consejeros

Al margen del tira y afloja entre Saracho y los accionistas, un dato llamaba la atención de los asistentes a la junta, como eran las ausencias de tres de los consejeros. En la segunda fila, detrás del presidente, no estaban ni la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo, ni Jaime Ruiz Sacristán -representante del grupo de accionistas mexicanos que ostenta el 4,25% del Popular-, ni tampoco François Martin, que ostenta en el consejo la representación de Crédit Mutuel, con el 3,95% del capital del banco.

Tanto Ruiz como Martin llegaron al consejo del banco en septiembre de 2016. Ruiz Sacristán lo hizo tras la renuncia al puesto de su primo, Antonio del Valle Ruiz, considerado uno de los principales artífices de promover la salida de la presidencia del banco de Ángel Ron, especialmente después de que la opción de una posible operación con el Banco Sabadell quedara totalmente descartada.

En el caso de Helena Revoredo, su presencia en el Banco Popular data de hace una década, cuando se convertía en la primera mujer que llegaba al consejo de la entidad. De aquel 0,46% de capital que declaraba entonces, ha pasado a ostentar, tras la ampliación de capital de junio de 2016, el 0,062%. Entonces, sus 5,7 millones de acciones del banco valían más de 80 millones de euros. Ahora, los apenas 2,6 millones capitalizan por menos de 2 millones.