Tras casi cuatro años de litigios –y numerosos fallos judiciales en su contra–, Portugal ha cedido ante el Santander y pagará 1.700 millones de euros para poner fin a la llamada guerra de los swaps. Sin embargo, la derrota es dulce gracias a las condiciones sorprendentemente favorables establecidas por el acuerdo firmado entre el Gobierno y el banco español.

A cambio de que el Estado luso ponga fin a sus apelaciones jurídicas y acepte el fallo dictado por la Corte Comercial de Londres el año pasado, el Santander se compromete a proporcionar un préstamo de 2.300 millones con un tipo de interés del 1,8% a 15 años a la República Portuguesa.

El acuerdo firmado por ambas partes también establece condiciones de pago escalonado que permitirán un ahorro de 50 millones de euros para Portugal y una reducción del 36% de los costes asociados con los swaps, los contratos de riesgo financiero que casi hundieron al Estado luso tras el estallido de la crisis económica.

Para el Santander el fin del contencioso supone un alivio, ya que en los peores momentos de la batalla judicial el Gobierno portugués hizo caso omiso a los fallos en su contra y sugirió que se negaría a solventar las deudas pendientes con el banco español.

Un ‘guerra’ de cuatro años

El conflicto entre el Santander y Portugal se remonta al año 2013 cuando el Gobierno luso, en pleno rescate e intervención de la Troika, decidió poner fin a los contratos de interés variable que las empresas del transporte público de Lisboa y Oporto habían firmado con el Santander entre 2005 y 2007. El inesperado colapso del Euríbor supuso la ruina para las empresas de transporte y el disparo de los pagos de los llamados swaps hasta llegar a extremos insostenibles para el Estado.

El Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho logró modificar contratos con condiciones similares firmados con entidades como JPMorgan Chase, pero el fracaso de las negociaciones con el Santander llevó a que la entonces ministra de Finanzas, Maria Luíz de Albuquerque, declarase que los intereses generados por los contratos en cuestión eran abusivos.

Alegando que los contratos eran inválidos según la legislación portuguesa, al haber sido creados para “reducir gastos artificialmente y crear la ilusión de mejoras a corto plazo” sin asumir los eventuales riesgos, Albuquerque optó por la suspensión de los mismos unilateralmente.

El Santander respondió a la suspensión de pagos interponiendo una denuncia formal del Ejecutivo luso ante la Corte Comercial de Londres, árbitro histórico de este tipo de caso. La defensa portuguesa se centró en el argumento que el Tribunal no era competente para pronunciarse sobre el asunto ya que la Convención de Roma garantizaba que el caso fuese decidido en Portugal y en base a la ley portuguesa. Según el Derecho luso los contratos serían anulables dadas las nuevas circunstancias provocadas por el estallido de la crisis financiera.

Sin embargo, los contratos firmados con el Santander establecieron que todo litigio sería enjuiciado en Londres y según la ley inglesa. En seis ocasiones diferentes los jueces británicos decidieron a favor del banco, rechazando el planteamiento de los lusos y citando numerosos precedentes legales para afirmar su capacidad jurídica en la materia.

El litigio entre el Santander y el Estado portugués en Londres contó con una serie de cameos judiciales llamativos: uno de los fallos ante la Corte Comercial fue decidido por el juez William Blair, hermano menor del ex primer ministro Tony Blair, mientras que la apelación del caso fue presentada ante uno de los jueces que decidió enviar la decisión del brexit al Parlamento británico.

Mano dura, negociaciones discretas

Al asumir el Gobierno en diciembre de 2015, el socialista António Costa indicó que seguiría adelante con el litigio iniciado por el Ejecutivo anterior.

Cuando la Corte británica falló en contra de Portugal hace exactamente un año, el Ministerio de Finanzas luso señaló que haría caso omiso a la resolución jurídica que sentenciaba al Estado a pagar los 1.200 millones del valor de los contratos, más 230 millones de euros en intereses. El ministro de Finanzas Mário Centeno declaró tajantemente que “la sentencia no es ejecutable en Portugal” y que no era una resolución conforme con el cuadro legal aplicable en el país.

Pese a la posición aparentemente inflexible del Gobierno de Costa, tras perder su último litigio ante la Corte de Apelación negociadores del mismo Ministerio de Finanzas, aceptó iniciar las conversación con los representantes del Santander.

Negociadores de ambas partes se reunieron a lo largo de los últimos meses, guiándose en parte por el acuerdo exitoso logrado entre la entidad bancaria y la isla portuguesa de Madeira el pasado enero. En ese caso, se acordaba poner fin a los procedimientos legales relacionados con la deuda pendiente, se creaba un plan para el pago escalonado de la misma, y se establecía el perdón parcial de los intereses generados por el impago de la misma.

A lo largo de los últimos meses los negociadores del Gobierno y del Santander se reunieron hasta llegar al acuerdo final anunciado la tarde del miércoles, que ha sorprendido a muchos, ya que los lusos han conseguido condiciones muy favorables para poner fin a un contencioso en el que tenían todas las que perder.

La derrota más dulce

Según el comunicado emitido por el Ministerio de Finanzas luso, el Estado portugués acepta cumplir con la condena dictada por el Tribunal de Londres el año pasado, lo que le obliga a reconocer la validez de los contratos suspendidos en 2013 y renunciar a su apelación ante el Tribunal Superior del Reino Unido. Portugal finalmente pagará 1,7 mil millones de euros al banco español.

Por su parte, el Santander renuncia a su demanda de indemnización del Estado luso en los tribunales portugueses y proporciona un préstamo a largo plazo a la República Portuguesa de 2.300 millones de euros del banco, con un tipo de interés del 1,8% a 15 años.

Ambas partes han acordado un plan de pago extremadamente favorable para el Gobierno portugués, lo que supondrá un ahorro de 50 millones de euros para las empresas de transporte. En total, el Ministerio de Finanzas señala que el acuerdo permite una reducción del 36% de los costes asociados con los swaps.

La resolución del caso representa una victoria para ambas partes. Para el Santander es un alivio poner fin al contencioso con el Gobierno. El Santander Totta es el segundo banco privado más grande del país vecino y el acuerdo firmado el martes supone el final feliz de un conflicto que fue extremadamente cruento a estas alturas del año pasado.

Para el Gobierno de António Costa, la rendición ante el banco español representa la derrota más dulce. Los negociadores del Ministerio de Finanzas han logrado condiciones inesperadamente buenas en el acuerdo final, y la derrota de Portugal en los tribunales paradójicamente da una alegría política al primer ministro socialista.

Las decisiones internacionales asociadas con el caso son condenas internacionales de las acciones llevadas a cabo por la ministra de Finanzas del anterior Ejecutivo conservador. Desde la bancada de la oposición en la Asamblea de la República el ex primer ministro Passos Coelho se dedica a denunciar la “irresponsabilidad financiera” del Gobierno de Costa. Los socialistas lusos ya cuentan con un costoso revés judicial con el que increpar a sus antecesores en el poder.