En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Nacional señala como fecha del juicio el 16 de octubre a las 10.00 horas en los juzgados de San Fernando de Henares, en Madrid. El juicio continuará en días sucesivos, hasta el martes 24 de octubre.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado cinco años de cárcel y multa de 90.000 euros para Benjumea, así como cuatro años y tres meses más una multa de 72.000 euros para Sánchez Ortega por los delitos de administración desleal que cometieron al adjudicarse una indemnización millonaria poco antes de que la compañía presentara el preconcurso de acreedores.
La instrucción de la causa concluyó el pasado 13 de enero y corrió a cargo de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. También se sentarán en el banquillo otros tres exconsejeros de la compañía, que son Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornielles.
Estos vocales del consejo de administración, que integraban la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Abengoa, se enfrentarán cada uno de ellos a peticiones de tres años y medio de cárcel y el pago de una multa de 36.000 euros, según el escrito del fiscal José Perals.
En su escrito de conclusiones el fiscal solicita también que por vía de responsabilidad civil Manuel Sánchez deberá indemnizar a Benjumea, en caso de ser condenado, en la cantidad de 4,4 millones de euros, mientras que el resto deberán hacerlo conjunta y solidariamente en otros 11,4 millones. La Fiscalía solicita igualmente la citación de 13 testigos entre los que se encuentra el exconsejero de Benjumea y ex dirigente socialista Josep Borrell.
Entre las acusaciones particulares del caso figura la presentada por la Plataforma de Perjudicados de Abengoa, dirigida por los letrados Felipe Izquierdo y Eliseo Martínez.
CASI 16 MILLONES PARA EL PRESIDENTE Y EL CEO
Según concluyó la investigación judicial, en el año 2015, cuando se formalizó la salida a bolsa de Benjumea se aprobaron unos pagos por cese anticipado de 4,48 millones de euros euros, en el caso de Sánchez Ortega y de 11,4 millones para Benjumea. Esta indemnización no estaba contemplada "en contratos anteriores y tampoco era preceptivo que se incluyeran en los nuevos contratos mercantiles".
El escrito de la Fiscalía reproduce las cláusulas de los contratos firmados por ambos el 23 de febrero de 2015, en las que se incluía una bonificación por permanencia de 7 millones de euros y otras indemnizaciones por otros conceptos como "obligación de no competencia postcontractual", "por cese anticipado" hasta los 11,84 millones de euros. Idéntico contrato firmó Sánchez Ortega aunque con una cantidad algo inferior en lo referido a la bonificación por permanencia.
El fiscal añade que ninguno de los dos reunía los requisitos para recibir dicha bonificación por permanencia, que era de 7 millones de euros, puesto que el cese de Felipe Benjumea como consejero "se debió a su exclusiva voluntad" pese a tratarse de aparentar que era una condición impuesta por los bancos.