La elección de la fecha de la junta de accionistas siempre es una cuestión crítica. Casi siempre es una lotería. Cualquier suceso, meteorológico o político, puede condicionar el ambiente en que se desarrolla el principal acto de cara al público que cualquier sociedad celebra anualmente. Algo de eso ocurrió ayer con la junta de accionistas de Aena, el gestor de la red de aeropuertos españoles.

La junta, la tercera desde que en febrero de 2015 se sacó el 49% de la compañía a bolsa, fue preparada con mimo. Es la primera que se celebra en el gran aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas. Y el presidente de Aena, José Manuel Vargas tenía anuncios importantes: el beneficio creció casi un 40% en 2016 respecto del año anterior, hasta los 1.164 millones, y la retribución al accionista aumenta un 41,3% en relación a 2015, hasta 575 millones.

Además, los gestores pidieron un autorización para emitir bonos por 5.000 millones para financiar lo que Vargas describió como "un rol más activo" de Aena en el mercado global del sector aeroportuario. Aena ya gestiona no sólo la red española, sino que posee el 51% del aeropuerto de Luton, 12 aeropuertos de México, dos en Colombia y uno en Jamaica. El problema es que este mensaje se da de bruces con el caso de presunta corrupción descubierto en el Canal de Isabel II, donde el meollo del asunto es el deplorable rol que una empresa pública ha jugado en el mercado internacional efectuando adquisiciones que después han resultado difíciles de explicar.

Si el objetivo es que Aena crezca bien puede hacerse mediante equity -es decir, privatizando otro porcentaje del capital- en vez de endeudarse de nuevo

No sólo hay un problema estético en el anuncio de Vargas. También hay uno de índole financiera. Aena acumula 8.228 millones de deuda después de someterse a un duro plan de ajuste interno ideado por Vargas que le ha permitido reducir su endeudamiento desde los 12.138 millones que exhibía en 2011 hasta las cifras actuales. Su acción, en estos dos años, ha ido como un tiro, al igual que sus ingresos. Si el objetivo es financiar "un rol más activo" de Aena bien puede hacerse mediante equity -es decir, ampliando capital o privatizando otro porcentaje del mismo- en vez de volver a iniciar el ciclo de acumulación de deuda. De esta forma, los actuales dueños, que tanto se han beneficiado en bolsa con la nueva gestión, tendrían que hacer visible su compromiso con la estrategia del gestor. 

Así es como el anuncio de nuevo endeudamiento queda modulado por la actualidad informativa y plantea cuestiones esenciales sobre la empresa. Si Aena es una empresa controlada por el Estado, éste es el peor momento para defender nuevas aventuras mercantiles en el extranjero, más cuando los tribunales están revisando lo que ha pasado en otra empresa emblemática. Endeudarse, en ese caso, sería imprudente. Pero, paradójicamente, es la única opción si el Estado no desea dar el paso de privatizar la compañía.

En el fondo, Aena sigue atrapada en el dilema de si sólo es el gestor público de los aeropuertos españoles, como preferiría una buena parte de nuestro Parlamento, o una multinacional del sector aeroportuario como sueña Vargas.