“Con la finalidad de lucrarse ilícitamente -Iberdrola- ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”. Así describe la Fiscalía Anticorrupción la conducta que la eléctrica española habría realizado entre noviembre y diciembre de 2013 para provocar un “alza artificial” en el precio de la electricidad y que le habría beneficiado con 20 millones de euros. Iberdrola, por su parte, niega a la mayor y asegura que ni realizó una manipulación fraudulenta de los precios ni obtuvo ningún beneficio en consecuencia.

La Audiencia Nacional ha admitido una denuncia por la vía penal que reabre el caso de la supuesta manipulación de precios de la electricidad a finales de 2013, por la que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya sancionó a la compañía con una multa de 25 millones, y que derivó en una intervención del Gobierno para frenar el ‘tarifazo eléctrico’. El escrito, presentado en abril, denuncia a Iberdrola Generación España, filial de la eléctrica para la producción y venta de energía eléctrica y gas natural.

En su escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el fiscal Antonio Romeral considera que la eléctrica podría haber incurrido en un delito contra el mercado y los consumidores al “detraer del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector, forzar una alteración de precios o perjudicar gravemente a los consumidores”, como tipifica el Código Penal en su artículo 281.1. Este artículo contempla penas de prisión de uno a cinco años y multas de doce a veinticuatro meses.

Los hechos se habrían producido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. La Fiscalía afirma que en esas tres semanas, la eléctrica “aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones”.

En diciembre de ese año, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, criticó la “burda manipulación” que a su entender se había producido en la subasta eléctrica de la semana anterior y adelantó que el ministerio trabajaba en lo que sería la posterior modificación del sistema de fijación de precios que acabaría con la Tarifa de Último Recurso (TUR) para crear el actual sistema de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

En el marco de esta investigación, los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) practicaron este miércoles entradas y registros en la sede de la compañía en Madrid y Bilbao, después de que el juez Ismael Moreno aceptara la denuncia contra Iberdrola Generación.

La multa de la CNMC

Esta vía penal se abre después de que la CNMC multara en 2015 a Iberdrola por manipular el mercado mayorista de la energía eléctrica en 2013, lo que se considera una conducta "muy grave". 

En su procedimiento, la CNMC consideró probado que la compañía habría actuado para elevar el precio de las ofertas en las centrales hidráulicas mencionadas, justo antes de que la tarifa eléctrica se disparara. En las semanas previas a la celebración de la subasta Cesur para fijar los precios de la tarifa eléctrica de último recurso en el primer trimestre de 2014 se registraron fuertes subidas de precios en el mercado mayorista. Estos repuntes provocaron que el precio resultante en la subasta subiera un 26%, lo que hubiera subido la tarifa un 10%.

Según la resolución, la conducta de Iberdrola Generación provocó "un incremento del precio del mercado diario estimado en unos 7 euros MWh", derivando en un beneficio propio e impactando en la demanda. El regulador, que observó "conductas atípicas" aunque no manipulaciones, estimó entonces el beneficio en unos 21,5 millones de euros, con un impacto de unos 105 millones de euros. 

Según la Ley del Sector Eléctrico, este tipo de infracción prevé la imposición de una multa de hasta 30 millones. El regulador fijó la sanción a la filial de la eléctrica en 25 millones. Iberdrola presentó un recurso contra esta resolución administrativa, a la que definió como "manifiestamente incoherente", que se está tramitando actualmente en la sección cuarta de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

A raíz de este recurso, indican fuentes de la eléctrica, la Audiencia decidió en marzo de 2016 suspender cautelarmente el pago de la sanción impuesta por la CNMC hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Iberdrola niega la "manipulación fraudulenta"

La eléctrica niega que su filial Iberdrola Generación realizara una "manipulación fraudulenta" del mercado mayorista de la electricidad en diciembre de 2013 y asegura que ha prestado toda su colaboración al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como parte de la solicitud de información a la compañía. 

Iberdrola señala que “el grueso de la información solicitada ya está en manos de la CNMC”, que realizó en 2013 una investigación completa y que "contó también con toda la colaboración de la compañía" antes de dictar su resolución administrativa. 

La compañía ha recalcado que no interfirió en el proceso de formación de precios en el mercado eléctrico, "no medió en ningún momento engaño o fraude" y "nunca hubo intención de alterar el precio de la electricidad".

Asimismo, sostiene que no obtuvo ningún beneficio con su supuesta actuación, ya que "tenía una posición neta compradora en el periodo analizado, por lo que, aparte de no tener capacidad de incrementar el precio del mercado por carecer de posición de dominio en el mismo, no tenía ningún interés en que se incrementara dicho precio".

Junto a esto, recuerda que la Audiencia ya anuló, el 4 de julio de 2012, la única sanción, de 2,4 millones de euros, impuesta a Iberdrola Generación basada en el mismo tipo sancionador.