"El Canal de Isabel II va a ser una empresa cien por cien pública cuya actividad se va a circunscribir exclusivamente al territorio nacional", ha dicho durante su intervención en el pleno monográfico de la Asamblea de Madrid dedicado al Canal.
Entre otros asuntos, la operación Lezo investiga el posible sobreprecio en la adquisición en 2001 de la filial latinoamericana Inassa por parte del Canal y la compra supuestamente fraudulenta en 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.
El también consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional ha informado de que en la actualidad 12 de las 25 empresas del Canal en América Latina están en procesos de liquidación y disolución iniciados o finalizados.
Por otro lado, ha recordado que en varias ocasiones él mismo se ha posicionado a favor de limitar la presencia internacional del Canal a "labores de consultoría e ingeniería".
Según ha explicado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, le ha dado instrucciones para que eleve al consejo de administración del Canal para su aprobación la decisión de vender todas las empresas en Latinoamérica.
Para ello, el Canal va a contratar un asesor financiero externo, con experiencia en procesos de venta de este tipo, para que proponga diferentes alternativas y calendarios para su ejecución.
En su intervención, Garrido ha señalado que "comportamientos aislados" en el Canal "no deben permitir poner en duda la excelente gestión del agua que realiza la empresa" en la Comunidad de Madrid.
En este punto, ha hecho una llamada a la "responsabilidad" para que "en ningún caso se confunda la actividad presuntamente delictiva de algunas personas que podrían haberse lucrado en su gestión".
En el marco de la operación Lezo han sido detenidos entre otros el expresidente madrileño Ignacio González, que fue presidente del Canal y permanece en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, donde comparte celda con su hermano Pablo González, investigado en el mismo caso.
Garrido ha destacado que desde la llegada de Cifuentes el Gobierno regional ha puesto en marcha "un conjunto de medias para reforzar el control y la transparencia en el Canal".
Entre otros asuntos ha recordado que impulsaron el cese de Edmundo Rodríguez Sobrino como presidente ejecutivo de Inassa, filial colombiana de Canal Extensia, por su vinculación con los papeles de Panamá. Rodríguez Sobrino también fue arrestado en esta operación.
Además, tras detectar "actuaciones que generaban dudas" sobre la compra de Emissao, remitieron un informe a la Fiscalía y cesaron a la directora Financiera y de Desarrollo de Negocio del Canal, María Fernanda Richmond, también investigada, y del director de Recursos, Fernando Cevallos, por "pérdida de confianza".
Ambos formaron parte del consejo de administración del Canal Extensia en el momento de esta adquisición.
Garrido ha indicado igualmente que el Gobierno regional decidió personarse como acusación particular en la operación Lezo. EFECOM
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