Como paso previo a la presentación de muestras de interés, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell, entre otros, estudiaron en profundidad las principales cifras del Banco Popular.

La entidad, a través de JP Morgan, dio acceso a una base de datos con las ochenta operaciones más complejas de Popular, como préstamos refinanciados o créditos con garantías en mora, además de una muestra con otras 140 operaciones de toda la cartera crediticia.

En ambos casos, los potenciales compradores han podido consultar un expediente con datos concretos como quién recibió el crédito, cuándo entró en impago o de qué fecha es la última tasación.

Adicionalmente han visto un listado de todas las operaciones crediticias con su volumen y plazos de vencimiento, que resultan "inquietantes", según las distintas fuentes consultadas.

Con esta información y teniendo en cuenta que Popular acumula 36.389 millones de euros en activos improductivos, los bancos han podido calcular la pérdida esperada de la cartera crediticia y, aunque cada entidad tendrá sus propios números, la cifra rondaría los 7.000 millones.

Esto, unido a las posibles demandas de miles de accionistas que acudieron a la última ampliación de capital, en la que el Banco Popular recabó 2.500 millones, inquieta a todas las entidades que se han interesado por el Popular.

De ahí que el sector se preguntara si el Estado iba a ofrecer algún tipo de garantía que hiciese más atractiva la compra de Popular, teniendo en cuenta que por su tamaño, con unos 148.000 millones en activos, es uno de los bancos más grandes y su situación afecta a la estabilidad del sistema financiero y al propio país.

Sin embargo, este mismo jueves, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aclaró que el Estado no prevé inyectar dinero público en el Popular ni que Sareb, más conocido como el banco malo, vaya a quedarse con activos tóxicos de la entidad para allanar su venta.

Así que, por el momento, para hacer frente a las debilidades del Banco Popular, el comprador tiene que tener en cuenta el negocio de banca minorista de la entidad y su cuota de mercado en pymes, al igual que la participación en otras filiales y negocios compartidos.

En estos dos últimos apartados destaca WiZink, el negocio de tarjetas, y su filial en Estados Unidos, TotalBank, a la venta desde hace meses y por la que Banco Popular habría recibido ya alguna oferta independiente de la venta del grupo.

También juega en favor de cualquier comprador las sinergias por el ahorro de costes que podría obtener con la compra del Popular o incluso los créditos fiscales de los que se beneficiaría, así como su capacidad para apelar al mercado en una ampliación de capital.

Con independencia de la solvencia del comprador, parece claro que quien lance una opa sobre el Banco Popular se verá abocado a ampliar capital para llevar a cabo la adquisición, un "lujo" que solo puede permitirse la gran banca.

No obstante, la situación de cada entidad es diferente porque de hecho, fuentes del sector recuerdan la reciente macroampliación de 7.500 millones que hizo el Banco Santander pocos meses después de que Ana Botín llegara a la presidencia del Banco Santander.

También se preguntan si Bankia, otra de las entidades favoritas en las apuestas para hacerse con el Popular, ampliaría capital y contaría con el apoyo de los inversores para que no sea el Estado, su principal accionista, quien suscriba el grueso de la ampliación de capital.