Esta semana podría ser decisiva para el futuro de Netflix y el resto de operadores de televisión por Internet (OTT) en la Unión Europea. Los ministros de Educación y Cultura de los 28 Estados miembros se sentarán mañana a negociar su posición con la Eurocámara respecto de las obligaciones que deberán tener estas operadores en el futuro contexto europeo.
En el marco de la nueva directiva audiovisual que deberá estar aprobada en otoño, las propuestas en este texto van desde posiciones más duras que exigen que las tasas de Netflix, HBO, Amazon o iTunes se igualen totalmente a las de las televisiones tradicionales, hasta otras que piden que estas aportaciones se hagan solo en determinados ámbitos.
El primer punto en discordia es la obligación que deberían tener estos operadores de producir contenido europeo. La propuesta inicial de la Comisión Europea es del 20% para todas estas OTT (Over The Top), aunque España ha pedido aumentar este porcentaje al 30%. En estos momentos plataformas como Netflix realizan producción europea e incluso española, pero está lejos de estos porcentajes exigidos.
Consultados por este tema, desde Netflix siempre han indicado que no trabajan con cuotas. Esta misma operadora ha estado recientemente en el centro de la polémica por acudir al Festival de Cannes con una película Okja, que se negó a estrenar en cines y que generó grandes críticas en directores como Pedro Almodóvar.
Obligación de financiar producciones europeas
Esta nueva normativa permiten además que los estados miembros puedan exigir una tasa al desarrollo de producciones europeas. Esto se puede materializar invirtiendo directamente en contenidos o contribuyendo a fondos nacionales, aportaciones que deben ser proporcionales a sus ingresos en el país que contribuyan. En el caso de España, la ley vigente exige que los canales españoles paguen el 5% de sus ingresos brutos para realizar cine europeo, aunque lo hacen de manera directa y sin tener que abonar dinero al Estado.
Dentro de este debate también hay quien quiere incluir a las redes sociales -como Youtube- y los vídeos que en ellas se difundan. En España también se abre la puerta a cobrar otro tipo de tasas como la de RTVE, mediante la cual las operadoras de telecomunicaciones y las cadenas de televisión ya pagan un 3% de sus ingresos brutos a la cadena pública.
Las fuentes consultadas indican que la negociación en Europa está abierta y que es probable que la financiación de la producción abra la veda para que el Ejecutivo tenga libertad para ampliar esta tasa a los nuevos operadores. En cualquier caso, a partir de que se apruebe la nueva normativa, España tiene dos años para adaptar la nueva normativa europea, y eso necesariamente pasa por abrir la veda a más cambios en la Ley General Audiovisual que no se ha modificado desde 2010.
La publicidad también se verá afectada
En el caso de Netflix y las operadoras de televisión por Internet el principal problema estará en delimitar su ámbito de acción y definir qué parte del negocio se gravará en cada uno de los países miembros. El problema es que Netflix está presente en casi toda Europa occidental, pero no desglosa el número de abonados ni el peso de cada producción audiovisual de manera pública.
El otro tema que tratará la nueva directiva audiovisual es la publicidad en televisión. Actualmente el límite es de doce minutos por hora con un bloque máximo de siete minutos, pero ahora se busca que el cálculo no sea por horas sino que por bloques. El objetivo es limitar los anuncios en televisión a un máximo del 20% de la cuota diaria. Otras fórmulas publicitarias como el product placement tendrán mayor cabida y flexibilidad en esta nueva regulación.