El Gobierno está en trámites para lanzar una nueva subasta de capacidad renovable. Así lo ha anunciado este jueves el presidente, Mariano Rajoy, ante los grandes del Ibex con un alarde del compromiso medioambiental de su Ejecutivo en  la inauguración de las jornadas de debate para la elaboración del anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Según el Ejecutivo, esta nueva subasta es “un paso más” para lograr los objetivos de sostenibilidad medioambiental para 2020” y muestra la decidida apuesta del Gobierno por las renovables. La subasta de otros 3.000 megavatios (MW) de potencia renovable se hará antes de verano y podrán participar instalaciones de tecnología eólica y fotovoltaica.

Según el borrador del real decreto de esta nueva subasta, distribuido por el Ministerio de Energía, se mantendrán los criterios de desempate en función de las horas de producción establecidos en las reglas de la subasta del pasado 17 de mayo, algo muy criticado entre las asociaciones fotovoltaicas de referencia, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energias Renovables (ANPIER), que sostienen que esto da un trato de favor a la eólica.

El propio decreto define la subasta de mayo, en la que la energía eólica logró el 99% de los 3.000 MW ofertados, como “muy satisfactoria”, razón por la que se mantendrán las reglas anteriores para esta nueva puja. En esta última subasta, la Forestalia se hizo con el 40% de la capacidad en juego, 1.200 MW para instalar eólica en su comunidad, Aragón. Entre las grandes eléctricas que también se adjudicaron cupos de potencia están Enel Green Power (540 MW); Gas Natural Fenosa (667 MW); y Siemens Gamesa (206 MW).

Tras conocerse las reglas de la subasta realizada este mes, los expertos del sector eléctrico afirmaron que era extraordinariamente compleja y mal diseñada. La discriminación a favor de la energía eólica llevó a la UNEF a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para denunciar la situación. La opinión entre las asociaciones sectoriales no es mejor ante esta nueva oferta.

“Medidas como esta no benefician a nadie. Ni al país, ni al sector, ni al consumidor, ni al productor, ni al medio ambiente. Primero, porque la subasta del año pasado no se va a ejecutar. Son proyectos que no van a salir. Si lo que se hace es dar pasos en falso, se va producir un problema mayor y se acabará culpando a las renovables de algo de lo que no lo son”, afirma a EL ESPAÑOL Juan Castro-Gil, abogado y secretario de ANPIER.

Pese a que en los últimos días el Gobierno ha insinuado que analizaría alternativas para el mecanismo de adjudicación, “pero están cautivos en su propio disparate”, agrega Castro-Gil. “Como la subasta anterior ha sido recurrida por ser claramente arbitraria y discriminatoria, si ahora modifican el criterio de horas en este decreto se admitiría de facto el error en la anterior subasta”.

Conforme a las reglas de la subasta, para cada tramo de oferta se calcula la retribución a la inversión y el cociente entre dicha retribución y el número de horas estándares de funcionamiento de la instalación. Como las horas estándares fijadas para la eólica son superiores a las de la fotovoltaica, esta tecnología gana opciones de cara a la adjudicación.

La subasta, explica el abogado, sigue la pauta marcada por la reforma energética y al repetir el patrón se mantienen los mismos errores. “Es un disparate. Claro que quiero renovables, cerrar nucleares y dejar atrás el carbón. Pero para que eso pase no se pueden hacer este tipo de disparates. Tiene que planificarse adecuadamente, sustituir unas por otras y en las ubicaciones adecuadas y por el precio que verdaderamente pueda sostener la generación de cada tecnología, no lo que digan que va a costar”, asevera.

En su opinión, el Gobierno debe ver que “son energías que se tienen que compatibilizar”. “El sol sale todos los días, el horario diurno es cuando más energía se consume. Es de sentido común que eso al menos se tuviera en cuenta”. “El reincidir una y otra vez en el mismo error lo que hace es engordar el problema. No tiene ningún sentido”, concluye.

Desde la UNEF, tras conocer el contenido del borrador, han pedido que “la definición final de la subasta permita a todos los agentes del mercado ejercer su competitividad”, recoge Europa Press.