Ante el aluvión de licencias de VTC, imprescindibles para el servicio de compañías como Uber o Cabify, el Ministerio de Fomento quiere limitar su compraventa. El departamento se ha comprometido con el taxi a obligar a que el tenedor de uno (o varios) de esos permisos los utilice para prestar el servicio y no para "especular". No ha sido un movimiento bien recibido por Unauto, la organización que engloba a las empresas de este sector. Cree que es un "agravio comparativo".
Un resquicio legal aprovechado por empresas y particulares y generado por la llamada 'Ley Ómnibus' (aprobada en 2009) es el germen. La consecuencia: un incremento exponencial de licencias de VTC (vehículo con conductor privado) en el mercado. Y hay un efecto: el límite de uno de estos permisos por cada 30 de taxi, que se rescató a finales de 2015 por el Gobierno de Rajoy, ha saltado por los aires.
Ese aluvión es imparable. Y desde el Ministerio de Fomento lo dan por hecho. Eso sí, tratan de evitar que muchos de los que están accediendo al mercado con las reclamaciones vía judicial de esas licencias no puedan revenderlas, como sí es posible en el taxi.
En este sentido, el ministro, Íñigo de la Serna, ha asegurado que articulará, por vía normativa, medidas que garanticen que la compañía o particular que logra una licencia de VTC la emplee para prestar el servicio. Va más allá, asegura que están convencidos de muchos de esos permisos que se están otorgando a través de los tribunales caen en manos de un solo dueño. "Y cuesta creer que tenga intención de prestar servicio con todas ellas".
Los precios, al alza
De la Serna quiere evitar la existencia de una "burbuja" de especulación en torno a unos permisos que se cotizan más que nunca en el mercado secundario. De hecho, se están llegando a pedir hasta 60.000 euros por cada uno de ellos (en el taxi, ese techo ha llegado situarse en los últimos años por encima de los 150.000 euros).
Sin embargo, no ha puesto sobre la mesa medidas concretas, porque se trata de un mercado regulado por la ley del transporte. "Trataremos de evitar que las nuevas medidas generen un efecto no deseado y un problema añadido porque acaben también en la vía judicial", aseguró este martes.
Evolución de las licencias de VTC.
Desde Uber, hace unas semanas, plantearon una solución a esa burbuja especulativa cuya existencia sí admitieron. Esa salida era la desregulación total del sector, aduciendo, en base a un estudio, que crearía nuevos empleos, reduciría las tarifas y podría frenar esa compraventa.
El aluvión al que se refiere el ministro no ha cesado en los últimos meses. De hecho, durante el pasado mes de mayo se sumaron 115 permisos activos más. En total, ascendieron a 5.737, que hacen inverosímil mantener el límite de 1 a 30.
La posición de Uber y Cabify
Ante este movimiento, las empresas de VTC han calificado de "agravio comparativo" la limitación en la compraventa de licencias, que sí se permite al taxi.
"No es admisible que las autorizaciones del taxi puedan transmitirse libremente, mientras se restringe la transmisión de VTC, es un agravio comparativo inaceptable", asegura el presidente de Unauto, Eduardo Martín, quien cree que con estas medidas se "agrava" la posición dominante del taxi.
Sin noticias de compensaciones
En la reunión que mantuvo este martes el ministro con las comunidades autónomas y ayuntamientos no se pusieron sobre la mesa posibles compensaciones al taxi en la actual reconversión 'de facto' marcada por este incremento de licencias VTC.
El pasado mes de mayo, Fedetaxi, la federación mayoritaria, pedía compensaciones e indemnizaciones que palíen los desembolsos hechos para comprar licencias. La organización los llegó a calificar de "costes de transición".
Fomento se limitó a asegurar que habrá ayudas para la renovación de vehículos y la promoción de plataformas digitales y aplicaciones para solicitar servicios a través de Internet.
Más control sobre las VTC
Por otro lado, desde Fomento se ha hecho un llamamiento a las administraciones regionales y locales: más inspecciones y controles a ambos sectores (taxi y VTC). En este sentido, ha señalado la labor de la Comunidad de Madrid, con 6.300 expedientes abiertos en el sector en lo que va de año, más del doble de todos los incoados en toda España en el año 2016.