Según ha apuntado en declaraciones a Europa Press, los exconsejeros del banco podrían verse expuestos a acciones legales por su gestión al frente de la entidad, ya que han sido los responsables de formular las cuentas anuales, para lo cual han de tener "pleno conocimiento" de la situación del banco. "Que va a haber reclamaciones lo tiene asumido hasta el Banco Santander", ha explicado.

Además, los accionistas de Popular podrían emprender acciones legales en relación con la ampliación de capital que suscribieron el año pasado por importe de 2.500 millones de euros a precio de 1,25 euros por acción, algunos de los cuales lo hicieron a través de préstamos concedidos por el propio banco, según Roca.

Por otra parte, Roca señala como un grupo perjudicado a los titulares de bonos contingentes convertibles, conocidos en la jerga financiera como 'CoCos', que suscribieron estos instrumentos atraídos por la "sólida rentabilidad" que reflejaba el banco.

"El tema es muy serio. No es un problema de si se ha perdido el dinero, sino de cómo se ha perdido y cómo es posible que ni Popular ni el Banco de España hayan hecho nada", ha apuntado Roca, para quien la institución gobernada por Luis María Linde tenía la obligación de inspeccionar a la entidad.

Según ha explicado el abogado, la contabilidad de Popular "a fecha de hoy ha quedado demostrado que no reflejaba la imagen fiel" del banco, mientras que hay gente que "ha invertido sin tener información real de la empresa". "Hay que ver si esto ha sido premeditado", ha avisado.

Roca también ha apuntado al expresidente de Popular Ángel Ron como posible objetivo de las demandas. "Puede tener problemas serios", no solo civiles, sino penales, según ha señalado el abogado.

Por otra parte, desde el despacho Lean señalan que, si bien el grueso de inversores de Popular no recuperará su capital, "en algunos casos sí se podrá reclamar judicialmente", como en el caso de los accionistas que suscribieron la ampliación de capital realizada en 2016.

Para Ignacio de Azúa, de Lean, "el motivo es que las cuentas utilizadas para realizar la ampliación no eran correctas", como puso de manifiesto el banco al anunciar la reexpresión de sus cuentas.

De Azúa ha apuntado que también podrán sumarse a las demandas los inversores minoristas a los que "se comercializaron bonos convertibles bajo la apariencia de productos de renta fija".