Este pasado lunes, el supervisor recordaba que en operaciones fuera de mercado se habían ejecutado operaciones de compraventa a razón de 0,03 euros por título, precio que ha visto la luz después de las pesquisas decretadas por la institución en torno al traspaso de cartera de los Carceller al fondo estadounidense Broadbill, que se ha convertido en pieza clave de la lucha intestina que libran los accionistas de la gallega.

La Bolsa dio respuesta ayer a la situación de extrema volatilidad que se preveía. El rango de variación de precios entre operaciones ha sido ampliado al 100%, lo que dejaba abierta la posibilidad de que la gallega se hunda al céntimo por acción desde el primer cruce.  La decisión de la sociedad rectora de la Bolsa española se adelantaba así al atasco de órdenes que, previsiblemente, hubiera supuesto mantener los rangos máximos de variación de precios en los umbrales anteriores a su suspensión bursátil, pero permite que la compañía se convirtiese en una cotizada zombi. En adelante, el rango se reducirá al 10%.

En los tiempos en los que el expresidente Manuel Fernández de Sousa exhibía orgulloso unos balances de negocio que luego se han revelado hinchados, el rango estático para la contratación de las acciones de Pescanova estaba fijado en el 8%. Al arranque de su último día cotizando hace ya cuatro años, se amplió este margen hasta el 15% y se fue engordando hasta el 25% a fuerza de sucesivas subastas de volatilidad con las que se buscó descongestionar el cuello de botella en el que se convirtió un accionariado del que muchos querían retirarse y pocos oportunistas consideraban para entrar.

Pescanova ha vuelto al parqué muy distinta de cómo se fue. En el momento de su suspensión, el mercado la reconocía un valor de 168 millones de euros, valor ya de por sí mermado al conocerse las acusaciones de falseo contable que pesaban sobre su antigua directiva. Ahora, su único activo es un 1,6% del capital social de Nueva Pescanova, la nueva cabecera del grupo controlada por los antiguos bancos acreedores de la firma. En virtud del precio pagado por Broadbill, la compañía apenas tendría una valoración de 862.131,54 euros.

El capital social de la antigua matriz del grupo, la que hoy ha vuelto a cotizarse en Bolsa, se compone en la actualidad de 28,74 millones de acciones que se reparten unos 9.000 inversores, al frente de los cuales se coloca precisamente el fondo Broadbill, con un 11,6% del capital social. Le sigue el expresidente Fernández de Sousa, cuyo 7,5% está ahora mismo embargado por orden judicial a la espera de que se dicte sentencia sobre el caso de su maquillaje de cuentas.

Después, el fondo Luxempart con un 7,3% y la empresaria asturiana Carolina Masaveu, que controla un 7,1% de la depreciada compañía gracias a varias operaciones fuera de mercado ejecutadas cuando ya había sido enviada al dique seco del parqué en el que ha permanecido durante más de cuatro años.