La comparecencia de urgencia en el Congreso del ministro de Economía Luis de Guindos para informar sobre la venta del Banco Popular por un euro al Banco Santander, ocurrida hace tan sólo cinco días, se ha revelado prematura. De hecho, muy poco se pudo profundizar sobre la auténtica situación del Popular y sobre la racionalidad de las decisiones tomadas por las distintas instituciones que han intervenido en su final. Decenas de preguntas siguen en el aire, incluso una tan sencilla que surgió la misma mañana del lunes 12. ¿Por qué no se prohibieron las posiciones cortas en el Popular como se ha hecho con Liberbank?
Guindos sacó pecho con lo rápido que se ha resuelto la situación de un banco en dificultades, descargó la responsabilidad de lo obrado en los mecanismos europeos, se mostró orgulloso de que no se ha comprometido un euro de dinero público y dijo que ningún depositante del Popular se ha visto afectado. Todo ello sazonado con una tesis de fondo: esto ha sido posible porque la economía española va como un tiro y otros países no se lo pueden permitir.
Lo que no quedó claro es si los otros países -Guindos claramente se refería a Italia- no han actuado como España porque su economía es demasiado débil o sus gobiernos son demasiado fuertes.
Demasidos actores para un drama
Hubo buenas preguntas planteadas por todos los portavoces de la oposición, cuestiones que merecerían una contestación, pero faltaba información y el ministro se escudó en que él no es el supervisor (lo es el Banco Central Europeo y el Banco de España), que él no liquida las entidades (lo hace el Mecanismo Único de Resolución), que él no organiza los test de estrés (lo hace la Autoridad Bancaria Europea, EBA) y que él no aprueba las ampliaciones de capital (lo hace la Comisión Nacional del Mercado de valores, CNMV). Demasiados actores para un sólo drama.
Sólo en un momento la comparecencia de Guindos derrapó y fue cuando acusó al portavoz de Podemos, Alberto Montero, de que estaba propagando “una teoría de la conspiración” sobre la venta del banco. Montero, que no había empleado el término, había dicho que hay sectores de la opinión pública que consideran que se ha entregado el Popular a precio de saldo al Santander, lo tildó de “pelotazo” y defendió a los accionistas al tiempo que se mostró preocupado por la elevada concentración del sistema financiero español.
Decir que las legítimas dudas de otros forman parte de una “teoría de la conspiración” es una buena manera de no querer sacar ninguna lección de lo ocurrido, pese a que da la impresión de que en el caso del Popular “entre todos lo mataron y él solo se murió”.
Fallos en el mecanismo de resolución
Pero Guindos es un ministro inteligente y ya está visualizando las consecuencias de lo sucedido. Al final de su comparecencia admitió que el Mecanismo Único de Resolución “tiene un problema importante” y es que no cuenta con un sistema para facilitar liquidez a los bancos que están sometidos a un proceso de resolución. Es exactamente lo que ha precipitado este final del Popular. Aunque la entidad se encontraba bajo la vigilancia del MUR, que intentaba organizar su venta desde principios de junio, fue la falta de liquidez la que en pocos días -tres o cuatro- lo sentenció de cara al BCE.
Decía el ministro que a veces es difícil distinguir en un banco entre un problema de solvencia y de liquidez, y que el MUR ha sido diseñado “en abstracto” y que se debe ir afinando con la experiencia real. Ha revelado que planteará esta reflexión a sus colegas del Eurogrupo en la próxima reunión.
Ante la falta de respuestas en el Parlamento, todo indica que será la Justicia la que tenga que ponerse manos a la obra. Los accionistas del Banco Popular van a actuar en tres ámbitos: contra el consejo de la entidad, los auditores y el Frob en los tribunales españoles, contra la Junta Única de Resolución y el BCE en los tribunales europeos, y contra España y la UE en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Se avecina una gran batalla judicial.