Alrededor de 400 inversores minoritarios, representados por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), pidieron que la fiscalía investigue si el presidente de Popular, Emilio Saracho, y el miembro del consejo Antonio del Valle manipularon el mercado y aceleraron el deceso de la entidad, mostró un documento visto por Reuters.
La oficina del fiscal, que reconoció que la denuncia había sido presentada la semana pasada, no dijo si investigará el asunto.
Saracho no contestó a un correo electrónico que pedía comentarios y un portavoz de Ve Por Mas, un grupo financiero controlado por la familia Del Valle, dijo que Del Valle no tenía comentarios.
La OCU, la principal organización de consumidores españoles, presentó el lunes ante la Audiencia Nacional una querella contra la antigua cúpula del Banco Popular por los presuntos delitos de falsedad contable y estafa a los inversores.
Popular rechazó comentar sobre ninguna de las dos demandas y fuentes dijeron a Reuters que todavía no había ninguna estrategia de defensa conjunta por parte de los exmiembros del consejo y que aún no se habían designado abogados.
Preguntado sobre la demanda de la OCU del lunes, el expresidente de Popular, Ángel Ron, dijo a esRadio:
"Si alguien nos imputase la comisión de algún delito, que jamás hemos cometido, pues responderíamos con las herramientas que la ley nos facilita, desde luego con tranquilidad, sabiendo que el trabajo se ha hecho bien, y además coincidiendo con la opinión que están transmitiendo las autoridades que ponen de manifiesto que el banco era solvente y que ha habido un problema de liquidez en las últimas semanas", dijo.
Como parte del rescate, que implicó la activación del nuevo y estricto régimen de resolución bancaria en Europa, Santander compró Popular por 1 euro, mientras que los accionistas e inversores de deuda junior perdieron sus inversiones.
Cualquier acción legal contra Popular recaería sobre Santander y podría llevar años hasta su resolución, en base a otros casos anteriores.
La OCU dijo que recibió consultas de accionistas que suscribieron una ampliación de Popular de 2.500 millones de euros en mayo de 2016. Los inversores dijeron que no estaban al tanto de la información financiera correcta, añadió.
Diversos despachos de abogados están trabajando en posibles demandas relacionadas con las pérdidas de las inversiones de los accionistas porque meses antes de la intervención ya se preparaban varias acciones legales conjuntas relacionadas con la ampliación de capital realizada hace un año a 1,25 euros por acción.
La OCU envió una carta al Ministerio de Economía y al Banco de España la pasada semana pidiendo un mecanismo judicial extraordinario que aporte una solución inmediata para los 300.000 accionistas minoritarios de Popular, y no exponerlos a un tiempo de espera largo como suele ser habitual en esto tipo de demandas.
Bankia fue nacionalizada en 2012, un año después de una salida a bolsa en la que miles de pequeños inversores compraron acciones. Posteriormente ha habido varios casos judiciales antes de que la entidad acordase pagar el año pasado 1.500 millones de euros como compensación por la salida a bolsa.