La Fiscalía de París indicó hoy que esta investigación -hubo un procedimiento preliminar- se abrió el pasado viernes por los cargos de financiación del terrorismo y puesta en peligro de la vida de terceras personas.

Se trata de determinar los pactos que Lafarge, ahora integrada en el gigante franco-suizo LafargeHolcim, estableció para evitar el cierre de sus instalaciones de Jalabiya, al norte del país, con grupos armados, entre los cuales está el Estado Islámico entre los años 2013 y 2014, en plena guerra civil del país.

El origen de estas pesquisas fueron unas informaciones publicadas por "Le Monde" hace un año con diversos testimonios sobre connivencias con el EI, que acabó tomando el control de la fábrica de cemento en septiembre de 2014.

Sobre la base de esos elementos, el Gobierno francés denunció los hechos el pasado otoño y el anterior ministro de Economía, Michel Sapin, pidió en abril que los responsables de LafargeHolcim sean "condenados" si financiaron a grupos armados sirios.

El pasado mes de marzo, la propia empresa había reconocido que "las medidas para continuar las operaciones en la planta fueron inaceptables", y más en particular los "arreglos" con grupos armados.

LafargeHolcim precisó que sus responsables del negocio en Siria parecían haber actuado de la manera que consideraban que era la mejor para la compañía y sus empleados, pero su investigación interna puso en evidencia "importantes errores de juicio que no están en línea con el código de conducta aplicable".