“No tengo ninguna razón para pensar que el Banco de España no actuase en función del interés general y respetando la normativa vigente en cada momento. Pero esto no quiere decir, naturalmente, que acertase siempre”. Con esta frase, Luis María Linde, gobernador del Banco de España, respondía a las críticas del diario El País sobre el controvertido papel jugado por el Banco de España (BdE) durante la crisis en un artículo en ese mismo diario.

Esta buena disposición de Linde a explicarse en febrero pasado se tradujo en una decisión de la Comisión Ejecutiva del BdE que encargó pocos días después un informe que debía ofrecer “una visión conjunta de cuál fue la actuación del Banco de España en el periodo 2008-2012”.

El informe se ha publicado este 16 de junio y fue supervisado por el consejero del banco Fernando Eguidazu, técnico comercial del Estado y ex secretario de  Estado para la Unión Europea con el ministro García-Margallo. En él, sin embargo, no hay rastro de la buena disposición anunciada por Linde para explicar en qué ocasiones el BdE no acertó o cuando no adoptó las decisiones óptimas por culpa de restricciones políticas e institucionales o deficiencias de información, como había avanzado en su artículo en El País.

Instrumentos que "resultaron insuficientes"

El documento ha tenido un gran eco porque cifra en 60.613 millones de euros el coste del rescate bancario para los contribuyentes por todos los conceptos. Esta cifra es provisional porque Bankia aún no ha sido privatizada y la Sareb, el “banco malo” tampoco ha terminado su misión. Sin embargo, lo que ya es definitivo es que en él no hay una sola autocrítica, más allá de señalar que los instrumentos de supervisión que existían cuando se produjo la crisis “resultaron insuficientes”, sobre el papel de la entidad supervisora.

Esta ausencia de crítica, que la entidad dice que no estaba contemplada en el encargo original -aunque el artículo de Linde hacía pensar que así sería-, demuestra la complejidad de los equilibrios de poder internos del BdE, la incapacidad de determinados segmentos profesionales para asumir las normas de transparencia en una entidad que llevaba en su ADN hasta hace poco el secretismo y la discreción, y la debilidad de quienes desearían modernizar la institución.

La auditoría de la AIReF   

Un hecho absolutamente casual ha venido a poner de manifiesto la insuficiencia del informe y su aspecto old fashion. Casi al mismo tiempo que se publicaba en la web del BdE su documento, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) anunciaba que se someterá a una evaluación externa independiente practicada por cinco expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). José Luis Escrivá, presidente de AIReF, se había comprometido a ello en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados en febrero de 2014.

“La realización de este tipo de evaluaciones externas e independientes es una práctica que se va extendiendo entre las instituciones públicas y, de hecho, se enmarca dentro de las buenas prácticas recomendadas por los organismos internacionales”, afirma la AIReF en su nota de prensa.

Si la evaluación de la OCDE sobre la AIReF no incluye críticas, no será por la falta de independencia de la propia AIReF para autoevaluarse. Quizá lo que Linde debió hacer en este caso era encargarle el informe a otro organismo.