La presidenta de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Danièle Nouy, lleva días mostrando su satisfacción con el proceso de resolución del Banco Popular. Sin embargo, esta semana ha instado a la justicia española a investigar las salidas de depósitos realizadas en las semanas previas a la operación, especialmente aquellas realizadas por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Según datos recopilados por EFE, en marzo ya se habían esfumado 490 millones de euros de la entidad, con lo que el saldo total quedó en 66.978 millones, un 0,7% menos que en febrero y un 10,6 % menos desde que Ángel Ron anunció en diciembre que dejaba la presidencia del grupo. Por aquel entonces, el Banco Popular -sin tener en cuenta el negocio en Galicia o la división de banca privada- custodiaba 74.896 millones de euros, 7.918 millones más que a cierre de marzo, según los datos de la Asociación Española de Banca.

Nouy asegura que desde su departamento no pueden participar en esta ¿investigación¿, insistiendo en que debe ser la justicia española la que averigüe si existió tráfico de información para que estos depositantes pudiesen sacar anticipadamente el dinero de la entidad antes de su liquidación. Y antes que otros clientes minoristas. 

Pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, se niega a promover esta investigación, ya que, a su juicio, institucionales, comunidades y ayuntamientos que retiraron cantidades fuertes de depósitos no tuvieron ninguna ventaja sobre los que se quedaron en la entidad, ya que ¿la información era pública para todos¿. Guindos insiste en que en Popular también hubo mucha retirada de depósitos minoristas. ¿La falta de confianza no se limitaba a las caídas en Bolsa, sino que iba pareja con la salida de depósitos¿, ha asegurado.

En este sentido, y mientras la justicia española debería encargarse de investigar la fuga de depósitos, la CNMV mantiene otro frente abierto sobre la entidad, y su presidente Sebastián Albella ya ha reconocido que han abierto un proceso para comprobar si en los días anteriores a la intervención hubo uso de información privilegiada y manipulación del mercado de valores. Hay que recordar que la cotización de la entidad sufrió una caída cercana al 50% en las cuatro sesiones previas a la noche de su intervención (6 de junio), dejando su valor bursátil por debajo de los 1.500 millones de euros.

Coincide además que estos movimientos se realizaron con un elevadísimo volumen de negociación. En concreto, una de cada tres acciones del banco cambió de manos en los cinco días previos a su suspensión y posterior venta al Banco Santander por el valor simbólico de un euro. En total, 1.318 millones de títulos, disparando la media de 47,3 millones de títulos que se negociaron diariamente en los 12 meses previos.

Albella también ha dejado claro que no será la CNMV quien investigue la fuga de depósitos. Un papel que, coincidiendo con la opinión de Bruselas, debería asumir la justicia española.