Si Robin Hood robaba a los ricos para dar dinero a los pobres, la televisión pública ha intentado gastarse el dinero público recaudado de los operadores para hacerles la competencia.
Una vez que Mediapro se ha posicionado como ganador de la subasta de la Champions League, por una suma que algunas fuentes sitúan por encima de los 1.000 millones de euros, y que las propuestas de las televisiones por el partido en abierto se han quedado en la cuneta, la cuestión que vamos a tratar ha quedado en segundo plano. Pero no por ello a los operadores se les ha quitado la mosca de detrás de la oreja.
El caso es que RTVE hizo una propuesta que, en ningún caso, como publicó en primicia EL ESPAÑOL, pudo bajar de los 50 millones de euros al año, y que probablemente estuvo más cerca de los 180 millones por tres años.
Esto implica, básicamente, que la Corporación RTVE estaba dispuesta a gastarse en los derechos de un evento deportivo para tres años aproximadamente la misma cantidad que recibe cada año de los operadores de telecomunicaciones.
En el caso del duopolio televisivo no hay un gran agravio comparativo, especialmente si tenemos en cuenta que lleva ingresados más de 2.000 millones de euros adicionales tras el final de la publicidad en RTVE. Da igual en qué se gaste la televisión pública el dinero que le pagan, son migajas en comparación con lo que han venido ganando Atresmedia y Mediaset desde entonces.
La situación de los operadores es distinta, y varios de ellos se llevan las manos a la cabeza por el hecho de que una cadena pública utilice el mismo dinero que se les ha abonado para financiarse con el fin de hacerles la competencia.
En el caso de Telefónica, el agravio era considerable, dado que su objetivo era, como ha pasado finalmente con Mediapro, eliminar el partido de la Champions de la parrilla en abierto, tal y como sucede en otros países europeos.
La operadora no se ha manifestado al respecto, pero otras han manifestado su incredulidad por esta situación. "No entiendo que esté permitido utilizar el dinero público de los españoles obtenido de los operadores con el fin de hacernos la competencia", explicó a EL ESPAÑOL un alto directivo de una compañía obligada a pagar por la financiación de RTVE.
El Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que obliga a los operadores de telefonía al pago de una aportación para contribuir al sostenimiento de la televisión pública, establecía el pago de un porcentaje sobre los ingresos de los operadores del 3% para los de televisión comercial en abierto, del 1,5% para los operadores de televisión de pago y del 0,9% para los de telecomunicaciones.
El total de esta suma supuso en 2016 un importe de casi 190 millones de euros solo de los operadores. A pesar de las actuaciones judiciales, el Supremo reconocía recientemente la validez de esta tasa.