Pomares, cuyo sobrenombre le viene por haber ejercido durante largos años como director de la división de instituciones religiosas de Banco Popular, fue el encargado de dar la cara por el Santander, entidad para la que trabaja desde su fichaje por Ana Botín este mismo mes de abril. La discreta reunión, según ha podido saber INVERTIA, se celebró en la mañana de este miércoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la madrileña calle de Añastro.
A la cita estaban convocados los ecónomos de las diócesis y grandes organizaciones religiosas católicas españolas que hasta la fecha venían trabajando con el Popular. En la tercera planta del inmueble donde los obispos españoles rigen los designios de la Iglesia española, ejerció como maestro de ceremonias Fernando Giménez Barriocanal, presidente de Cadena Cope y vicesecretario general para asuntos económicos de la CEE, cargo que ocupa ininterrumpidamente desde noviembre de 2015, tal y como recoge su perfil personal en una conocida red de contactos profesionales.
El cometido de Pomares en la reunión, según fuentes conocedoras de la misma consultadas por este portal, se resumió en dos epígrafes: llamar a la tranquilidad y concretar un calendario de reuniones con cada uno de los actores implicados. Los asistentes interpretaron la elección del antiguo monseñor del Popular como un gesto de continuidad en la relación mantenida entre las instituciones religiosas del país y el banco intervenido con respecto a su nueva casa matriz: el Santander. Así se explica que la misma no estuviera protagonizada por Francisco José Rubio, quien tomó las riendas del departamento eclesiástico en el banco que entonces todavía presidía Ángel Ron.
La necesidad de reuniones cara a cara se justificó en el hecho de que el caso de cada uno de los presentes en la asamblea convocada con cierta urgencia podía ser muy diferente de los de sus compañeros de bancada. Así, mientras que hay instituciones más conservadoras que tan solo tienen capital confiado a depósitos y cuentas de ahorro, otras más arriesgadas o confiadas en la solvencia del Popular habían acudido a algunas de las ampliaciones de capital más recientes del banco, especialmente a las de 2016.
Aunque muy mucho se cuidó el quórum presente de hablar de cifras concretas, informes internos de la entidad recientemente aireados en prensa señalan que el montante de capital procedente de instituciones religiosas manejado por el Popular ascendería a unos 5.400 millones de euros. Una cifra que, sin embargo, habría podido menguar en los últimos meses en línea con la fuga de depósitos y fondos sufrida por la entidad que, para evitar esta posibilidad, venía ofreciendo a las instituciones de la Iglesia Católica española condiciones ventajosas en la gestión de su patrimonio desde hace años. Dispensas que en finanzas se concretan en cosas como exenciones sobre ciertas comisiones y facilidad de acceso a la concesión de crédito, nada distinto a lo que rige en la casa para otros clientes institucionales.
En la cartera de clientes que el Popular ha trasvasado al Santander, que ya goza de ser el primer banco de España, cuentan multitud de diócesis españolas, la propia Conferencia Episcopal, instituciones vinculadas al Opus Dei, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, los agustinos recoletos, los escolapios, los maristas y las salesas, por citar solo a unos pocos. Además, entre sus accionistas, más allá de posiciones minoritarias, familias e instituciones vinculadas a la Iglesia encabezan Unión Europea de Inversiones (UEI), sociedad que contaba en su haber con cerca de un 3% de las acciones del banco que de la noche del martes 6 de junio a la mañana del miércoles 7 del mismo mes pasaron a perder todo su valor.