"Es el fin de la era de los rescates bancarios masivos pagados con dinero público", proclamó la Comisión Europea cuando se aprobaron en 2015 las nuevas reglas bancarias de la UE. Durante la crisis financiera entre 2008 y 2012, los países miembros de la UE dieron un total de 413.000 millones de euros de ayudas públicas a sus bancos, cifra que equivale al 3,2% del PIB comunitario. Los líderes europeos se conjuraron para que esta situación no volviera a repetirse poniendo en marcha la unión bancaria. El objetivo prioritario: que sean los accionistas y los acreedores, y no los contribuyentes, los que paguen futuros rescates.

Italia ha dinamitado este domingo las reglas de la UE al comprometer hasta 17.000 millones de euros de ayudas públicas en la "liquidación ordenada" de Banca Popolare y Veneto Banca, dos pequeñas entidades del norte del país que arrastran graves problemas desde hace meses, y la venta de sus activos sanos a Intesa Sanpaolo. La actuación del Gobierno de Roma vulnera otro de los principios básicos de la unión bancaria: la igualdad de trato para todas las entidades de la eurozona en materia de supervisión y resolución. Pero de momento Bruselas se ha lavado las manos y ha dejado hacer a Italia, apenas semanas después de forzar la liquidación fulminante del Banco Popular.  

Al igual que ocurrió con el Popular, ha sido el Banco Central Europeo (BCE), el supervisor único de la eurozona, el que el viernes al cierre de los mercados declaró que Populare y Veneto estaban "en quiebra o a punto de quebrar". El BCE había dado tiempo a las dos entidades para presentar planes de recapitalización, pero ambas fueron incapaces de ofrecer soluciones creíbles pese al apoyo expreso del Gobierno italiano. Sin embargo, el Mecanismo Único de Resolución (MUR), el equivalente al FROB europeo y responsable de la resolución del Popular y su venta por un euro al Santander, ha decidido no intervenir en este caso.

El MUR alega que su actuación no está justificada por el interés público. En particular, ni el Populare ni Veneto realizan funciones esenciales para la economía italiana y su quiebra "no provocará un impacto adverso significativo en la estabilidad financiera". Sus activos sumados no superan los 55.000 millones de euros. Por estas razones, el Mecanismo Único de Resolución decidió el viernes por la noche dejar su liquidación en manos de las autoridades italianas. En el caso del Popular sí consideró que se trataba de una entidad sistémica con riesgos para España y la eurozona.

Pero esta liquidación va a tener un importante coste para los contribuyentes italianos, en contra de lo que propugnan las reglas de la unión bancaria. Tras una reunión urgente del consejo de ministros en Roma este domingo, el ministro de Finanzas, Pier Carlo Padoan, ha anunciado que las ayudas públicas a las dos entidades podrían llegar a ese tope de 17.000 millones de euros. En primer lugar, el Gobierno italiano dará al banco Intesa Sanpaolo más de 5.000 millones de euros para que se quede con los activos sanos de Popolare y Vicenza. A ello se suman otros 12.000 millones de euros para cubrir los costes asociados a la liquidación de los activos tóxicos de los dos bancos.

Los accionistas y los tenedores de deuda subordinada lo pierden todo. Pero no ocurre lo mismo con los bonistas sénior, que han sido salvados por el rescate italiano. Si se hubieran aplicado de forma estricta las reglas de la UE, ellos también habrían tenido que pagar y la factura del rescate sería más baja. Pero muchos de ellos eran inversores particulares que compraron deuda del Popolare y Veneto sin ser plenamente conscientes de los riesgos, como ocurrió con los prefentistas en España. El Gobierno de Roma ha querido evitar el coste político que hubiera supuesto forzarles a asumir pérdidas, aun a riesgo de hacer estallar la unión bancaria. Los depositantes quedan totalmente protegidos.

La comisaria de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager, ha dado su aval a la operación. "Italia considera que la ayuda pública es necesaria para evitar una perturbación económica en la región del Véneto como resultado de la liquidación del Popolare y Veneto, que salen del mercado tras un largo periodo de dificultades financieras", se ha justificado en un comunicado. Desaparecerán al menos el 60% de las sucursales y el 40% de los puestos de trabajo. Las medidas adoptadas permitirán además eliminar 18.000 millones de euros de créditos morosos del sector bancario italiano y contribuir a su consolidación.

¿Mejor trato que al Popular?

La solución italiana es totalmente diferente a la que la UE puso en marcha para el Banco Popular hace poco más de quince días. El Popular fue liquidado por el Mecanismo Único de Resolución y vendido al Banco Santander por un euro durante la noche del 6 al 7 de junio. Pero en este caso no hubo ningún tipo de ayuda pública. Accionistas y titulares de deuda subordinada lo han perdido todo. El Santander se quedó con todos los activos tóxicos del Popular y ha anunciado una ampliación de capital de 7.000 millones de euros. El banco dirigido por Ana Patricia Botín tendrá que hacerse también cargo de cualquier compensación por litigios con accionistas y bonistas.

Pese a esta diferencia de trato, los líderes de la UE ponen de ejemplo a España y no a Italia de cómo hay que hacer las cosas. La liquidación del Popular ha sido calificada tanto por el BCE como por la Comisión y el Eurogrupo como modelo a seguir en las crisis bancarias. Es una historia de éxito, alegan: el problema se resolvió en una noche, sin gastar ni un euro de ayudas públicas y limitando al máximo el efecto contagio.

No obstante, no es la primera vez que la UE deja a Italia saltarse cuanto menos la filosofía de las reglas de la unión bancaria. El pasado 1 de junio, Bruselas y Roma llegaron a un acuerdo sobre el rescate de Monte dei Paschi di Siena, el tercer mayor banco italiano y el más antiguo del mundo (fundado en 1472). Los test de estrés de 2016 detectaron unas necesidades de capital de 5.000 millones de euros, que posteriormente el Banco Central Europeo (BCE) amplió a 8.800 millones. 

El Gobierno italiano encontró un resquicio legal en la forma de "recapitalización cautelar". Es decir, tiene previsto inyectar fondos públicos (la cuantía exacta todavía no se ha concretado) y salvar de las pérdidas a los bonistas sénior. Además, los titulares de deuda subordinada serán compensados porque Monte dei Paschi reconoce que la vendió sin toda la información.

Bruselas rechaza que haya una diferencia de trato o que Roma haya utilizado su peso político en la UE para esquivar las reglas. "Diferentes situaciones requieren diferentes respuestas regulatorias y eso es lo que hemos visto en las últimas semanas", se justifica un alto funcionario comunitario. El Gobierno italiano no habría hecho más que utilizar posibilidades previstas en la normativa.

Pero lo cierto es que la diferente interpretación y aplicación de las reglas en Italia y España amenaza con perpetuar el caos financiero y acabar con la unión bancaria aún antes de que se complete. El pilar que falta es un sistema europeo de garantía de los depósitos bancarios, que hasta ahora ha sido bloqueado por Berlín por temor a acabar pagando la factura. La actuación de Roma hace improbable que Alemania levante su veto.