La liquidación de Banca Veneto y Popolare di Vicenza podría costar a Italia 17.000 millones

El Estado italiano pagará 5.200 millones de euros para liquidar Banca Veneto y Popolare di Vicenza y transferir sus activos 'sanos' a Intesa Sanpaolo. Sin embargo, el coste final podría alcanzar los 17.000 millones de euros en garantías adicionales, según ha explicado el ministro de Economía del país Pier Carlo Padoan.

En una conferencia de prensa para explicar la operación e domingo, el ministro de Economía Pier Carlo Padoan dijo que además de los 5.200 millones, el Estado ofrecería garantías adicionales por hasta 12.000 millones de euros para cubrir las posibles pérdidas de una 'due diligence' sobre los préstamos problemáticos de ambos bancos.

El Gobierno italiano aprobó hoy la "liquidación ordenada" de dos bancos de la rica región véneta (noreste del país), con un decreto ley que permite ceder sus activos sanos a Intesa Sanpaolo y que les facilitará continuar su actividad.

Las sucursales de Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca podrán abrir el lunes tras la aprobación del decreto por vía de urgencia, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, convocado para aplicar las instrucciones enviadas desde las instituciones europeas.

La Junta Única de Resolución europea (JUR) ordenó el viernes liquidar ambas entidades después de que el Banco Central Europeo (BCE) declarase que son inviables o están camino de serlo.

Intesa Sanpaolo, primer grupo bancario italiano, se hará con las dos entidades liquidadas administrativamente, confirmó el primer ministro, Paolo Gentiloni, quien destacó que de este modo se protegerá a los titulares de depósitos y a los poseedores de obligaciones sénior.

"Esta crisis ha alcanzado niveles que han hecho necesaria esta intervención", reconoció Gentiloni en conferencia de prensa, en la que destacó que la decisión era "muy importante y muy urgente y necesaria", y que de este modo se evita una "quiebra desordenada".

Con el decreto aprobado hoy se movilizan "recursos hasta 17.000 millones" de euros, precisó el ministro de Economía y Finanzas, Pier Carlo Padoan, quien defendió que la solución adoptada era "la única alternativa a la liquidación desordenada" de las dos entidades.

"Esta intervención de salvamento se dirige sobre todo en primer lugar hacia los cuentacorrentistas y los accionistas", destacó el primer ministro, quien valoró que el decreto aprobado va "a favor de la economía del territorio, que es importante para nuestro sistema país", y mencionó las pequeñas y medianas empresas que dominan el paisaje económico del territorio véneto.

Además, Gentiloni dijo que la decisión contribuirá a "la buena salud de nuestro sistema bancario, de su eficacia", y relacionó la aprobación de este decreto con la intención de "no obstaculizar el camino de la recuperación económica".

Padoan confirmó que no habrá "ninguna interrupción de la actividad" de los dos bancos, facilitada por la intervención de Intesa Sanpaolo, que participará en la operación mediante la adquisición de los activos sanos de las dos entidades.

Padoan dijo que Intesa recibirá del Estado 4.785 millones de euros en concepto de "anticipo de caja", destinados a las "operaciones necesarias para mantener la capitalización y el reforzamiento patrimonial" de la entidad frente a la compra de los bancos vénetos.

El ministro insistió a preguntas de la prensa en que el "desembolso efectivo" del Estado en esta operación será de esa cantidad y que la intervención pública no tendrá impacto sobre el endeudamiento estatal.

"Son recursos ya financiados por recursos ya legislados", que se vinculan con la normativa aprobada en diciembre pasado en relación con la capitalización preventiva para la banca "por lo que no hay impacto sobre las finanzas públicas", insistió Padoan.

Antes de la aprobación del decreto ley se conoció que el consejo de Administración de Intesa Sanpaolo autorizó la compra de los activos sanos de los bancos vénetos y delegó en su presidente, Carlo Messina, el mandato para el cierre de la operación.

La operación obligará a cerrar en torno a 600 sucursales (del total de algo más de seis mil que sumarán la red de los dos bancos vénetos más la de Intesa Sanpaolo) y a una reducción de hasta unos 4.000 empleos, del total de más de cien mil empleados que pasa a tener el conjunto de los tres bancos, según medios locales.

Durante todo el fin de semana las críticas a la operación no faltaron tanto desde la oposición como desde asociaciones de defensa de los consumidores.

El sábado Stefano Fassina, diputado de Futuro a Sinistra (FS) y exmiembro del gubernamental Partido Demócrata (PD), calificó el procedimiento de "enorme regalo" al banco Intesa Sanpaolo y "daño a los contribuyentes".

La Asociación por los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADUC) emitió un comunicado en el que también consideró que las dos entidades serán "regaladas" a Intesa Sanpaolo "por un euro".

Aunque esa cantidad no fue mencionada por el mayor banco del país es cierto que Intesa Sanpaolo había manifestado su intención de participar en la operación de compra de "ciertos activos y pasivos" de los bancos vénetos a cambio de una "suma simbólica".