La familia chilena Luksic, que entró en el Banco Popular en enero de 2017 cuando supo que Emilio Saracho iba a relevar a Ángel Ron, se ha sentido traicionada por el propio Saracho. “Compramos acciones del banco hasta el mismo 6 de junio, para llegar hasta el 3,45% del capital”, ha indicado Ignacio Bulnes, miembro de la sociedad luxemburgesa a través de la cual la familia chilena entró en el Popular.

“Habíamos estudiado el Banco después de la ampliación de 2016 y una vez que supimos que Saracho iba a sustituir a Ron, decidimos entrar a la vista del curriculum super bueno en la banca de inversión”.

Bulnes, que ha cuantificado las pérdidas del holding chileno en 113 millones de euros por su inversión en el Popular, ha señalando que, en todo momento, la intención de los Luksic era ser un accionista de largo plazo en la entidad financiera. “Nunca vendimos nada, siempre fuimos aumentando la participación”.

Recurso contra el Frob ante la Audiencia Nacional

En este sentido el propio Bulnes recordaba la primera reunión que mantuvo con el propio Saracho el 8 de mayo donde le expresaron su intención  de convertirse en inversores independientes fieles al banco. En ese encuentro Bulnes le dijo a Saracho “cuente con nosotros” sin pedirle nada a cambio, ni siquiera entrar en el consejo.

Respecto de la forma en que se produjo la resolución Bulnes ha señalado que la decisión de la Junta Única de Resolución “fue desproporcionada y ,más aún, a la vista de lo que pasó con los bancos italianos”.

Jordi Calvo, socio de Roca Junyent, despacho de abogados que ha sido contratado por la familia Luksic hace dos semanas, ha avanzado que ya han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Frob ante la Audiencia Nacional. “Esperamos que nos remitan el informe de resolución lo antes posible”, dijo.

Piden que se anule el acuerdo de venta

Asimismo, Calvo también ha comentado que están redactando una segunda demanda a interponer ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la propia Junta Única de Resolución (MUR) por varias razones. Entre ellas, que la legislación con la que se ha tomado la resolución va contra los principios de derechos de la propiedad, de la transparencia, y no se ha abierto la posibilidad de que la parte implicada presentara alegaciones.

Por todo ello el objetivo final que buscan con esta demanda es anular el acuerdo por el que finalmente el Popular fue vendido al Santander por un euro, a objeto de que finalmente se pueda revertir el control del banco a los antiguos accionistas.

Respecto a la posibilidad de que se puedan unificar las querellas, Bulnes ha apuntado que se han puesto en contacto con Félix Revuelta, presidente de Naturhouse y el despacho de abogados, que lleva la denuncia la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec). Indican que no han tomado ninguna decisión al respecto, pero que lo están evaluando.