En respuesta a unos requerimientos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) respecto a los posibles impactos de su participación en GSP, proyecto cuya concesión fue retirada por el Gobierno peruano el pasado mes de enero tras los problemas para cerrar su financiación debido a las sombras de corrupción sobre Odebrecht, Enagás señala que existen dos investigaciones abiertas, aunque considera que "no suponen un impacto material adverso en el grupo, por lo que no se ha realizado ninguna provisión ni se ha considerado la existencia de pasivo contingente alguno".
En concreto, la compañía indica que existe una investigación en curso a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lima, por la comisión de los presuntos delitos de negociación incompatible, de colusión y otros contra una pluralidad de personas físicas y en la que figura como investigado el directivo de Enagás que firmó el contrato de concesión.
No obstante, los asesores de la compañía creen que no existe hasta la fecha indicio ni prueba alguna que justifique la permanencia del directivo en la investigación "al no existir contra él ninguna imputación concreta", añade el grupo.
Además, la Procuraduría Pública Ad Hoc a cargo de la defensa del Estado del país en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que ha incurrido Odebrecht y otras, solicitó la incorporación de GSP como tercero civilmente responsable en la investigación, aunque la compañía se ha opuesto al considerar la solicitud infundada por razones de fondo y forma.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA.
Por otra parte, en su respuesta al regulador, Enagás defiende las políticas aplicadas para luchar contra la corrupción y el soborno y destaca que, en el caso concreto del proyecto GSP, el pasado mes de enero encargó un informe al director de auditoría interna para verificar, "desde un punto de vista de gobierno corporativo", el nivel de cumplimiento de los mecanismos de control y gestión establecidos en la compañía, cuyas conclusiones señalaron que la compañía había mantenido "una actitud prudente" en la entrada en el proyecto.
Asimismo, el grupo se reafirma en que recuperará la inversión y las garantías depositadas correspondientes al proyecto del GSP, que ascienden a 275 millones de dólares (unos 259 millones de euros) y 227 millones de dólares (unos 214 millones de euros), respectivamente, en un plazo máximo de tres años.