La familia Luksic, ampopular.com liderada por Félix Revuelta, Unión Europea de Inversiones, OCU, Aemec¿ Todos ellos están ejercitando, o a punto de hacerlo,  las vías jurídicas posibles contra Popular en relación con su resolución y posterior venta, tras la amortización de la totalidad de las acciones de la entidad. En el saco van todos desde el viejo consejo del Popular, al nuevo, pasando por el FROB, JUR y Santander¿

AMPOPULAR.COM (FÉLIX REVUELTA)

Los equipos jurídicos de Rafael Moreno (Ampopular), Cremades y Calvo Sotelo (Aemec) y Eliseo M. Martínez, de lus+Aequitas Abogados (OCU), así como los despachos B Cremades y Asociados, Durán y Durán, Gómez de Liaño y A. Bercovitz, Alvargonzález, Corcelles y García-Cruces se han reunido, y lo harán con carácter periódico para lanzar mensajes de unidad en la defensa de los intereses de los accionistas, bonistas y demás perjudicados¿. La ¿confiscación¿, como así entienden lo ocurrido, requiere una reparación y lo buscarán en los tribunales

En ampopular.com, asociación que ya ha reunido a más de 11.000 afectados, comentan a INVERTIA que las demandas se dirigirán contra el antiguo consejo de administración, el nuevo consejo y el auditor (PwC). ¿Serán demandas civiles, no administrativas¿. Por el momento, la asociación que lidera Revuelta tiene la intención de seguir creciendo para tener una amplia mayoría social. Como ya advirtió en una entrevista en esta página, ¿asumirán el coste de la defensa de quienes se adhieran¿ en una primera fase.

PwC, la firma encargada de auditar las cuentas de Banco Popular durante los últimos años, afronta con tranquilidad los litigios que podrían surgir a raíz de la resolución y posterior venta de la entidad. La firma, que dispone de un equipo jurídico para hacer frente al proceso, publicó 'párrafos de énfasis' en los tres últimos informes de auditoría de Banco Popular, realizados con motivo de la ampliación de capital de mayo de 2016 y las cuentas semestrales y anuales correspondientes al mismo ejercicio, uno de los argumentos que podría utilizar en su defensa.

EUROPEA DE INVERSIONES

También Europea de Inversiones (UEI) ha informado de que emprenderá acciones legales contra los "organismos, entidades o personas" que causaron la resolución de Popular.

"Durante el período de liquidación se llevarán a cabo cuantas reclamaciones, de cualquier orden y ante cualesquiera organismos, entidades o personas, sean procedentes, a efectos del ejercicio por la sociedad de las acciones de indemnización y exigencia de responsabilidades que le correspondan, en relación a la amortización de las acciones de Banco Popular", precisa UEI en su comunicado.

Además, las reclamaciones también podrían estar dirigidas contra cualquiera de los "hechos, circunstancias o antecedentes de los que se deriven o traigan causa los daños ocasionados a la sociedad en su condición de accionista de Banco Popular".

LA FAMILIA LUKSIC

La familia chilena Luksic, titular del 3,45% del Banco Popular antes de su resolución, presentará un recurso de primera instancia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la decisión de la Junta Única de Resolucion (JUR) de resolver de Banco Popular, al interpretar que la medida aplicada fue desproporcionada y de carácter nulo.

El grupo chileno, que ha contratado al despacho de abogados Roca Junyent, ya presentó un recurso contencioso administrativo contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ante la Audiencia Nacional el pasado 21 de junio por el mismo motivo.

La decisión de la familia Luksic se produce después de que el grupo chileno invirtiese, a través de Vallum Foundation, unos 113 millones de euros en Popular para hacerse con una participación del 3,45% en la entidad. El grupo compró acciones del banco desde enero hasta el pasado 6 de junio, día previo a la resolución de la entidad.

Los representantes de la familia chilena consideran que la decisión de las autoridades de amortizar las acciones de Banco Popular, así como también los bonos contingentes convertibles y la deuda subordinada, es "desproporcionada" siendo la entidad todavía solvente. "Creemos que se debería haber dado más tiempo y haber proporcionado liquidez a través de las líneas de liquidez de emergencia", indicaron en rueda de prensa.

Desde Roca Junyent, por su parte, solicitan la anulación del acuerdo de resolución y posterior venta de Popular y que se abonen daños y perjuicios a los afectados, dado que la resolución atenta contra los principios de derecho de propiedad, no es transparente y no se otorga poder de decisión ni alegación a la parte afectada, según explicaron.

OTROS ACCIONISTAS

Pequeños accionistas y tenedores de deuda del banco, que perdieron toda su inversión tras la liquidación de la entidad, empiezan a movilizarse con asociaciones y abogados.

Además de preparar una batería de demandas civiles, denuncias y querellas penales contra los administradores del Popular y recursos contenciosos-administrativos contra el FROB, los afectados reclamarán a Europa por la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de avalar la venta como forma de proteger a los depositantes.

El asociado de litigación bancaria del bufete Jausas, Pablo Franquet, destaca la complejidad del escenario en el que se encuentran los 300.000 accionistas de la entidad, para los que "no hay un camino único sino diversas alternativas a medida", dependiendo de si son "accionistas históricos, compradores del mercado secundario o gente que acudió a la ampliación de capital".

Franquet sitúa a este último grupo en una situación similar a la salida a Bolsa de Bankia pues el Popular "hizo un folleto ofreciendo una imagen de que captando 2.500 millones de euros más se iba a conseguir una solidez que poco después se vio que no era".

Ello permitiría iniciar acciones por error en el consentimiento similares a las interpuestas por otros servicios comercializados sin información veraz o suficiente, como las preferentes de Caja Madrid.

Un camino diferente ofrece para quienes compraron acciones directamente en Bolsa -y no a través de las sucursales de la entidad-, que disponen, durante un año, de una acción de responsabilidad extracontractual contra el Popular por el daño económico causado con información que no reflejaba la realidad.

No obstante, Franquet enfatiza en que el foco para algunos accionistas que quieren recuperar su dinero está en el Santander, que el pasado 7 de junio asumió la entidad hasta entonces presidida por Emilio Saracho por un euro a instancias del FROB y la JUR.

"Consideramos que se pueden iniciar acciones civiles por enriquecimiento injusto", reitera en alusión al artículo 1.901 del Código Civil que haría responder de la pérdida de valor de los títulos al grupo de Ana Botín, que ya estudia soluciones para los clientes accionistas que acudieron a la ampliación de capital.

ADICAE

La asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros Adicae ha presentado ya ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra la actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en la resolución y venta de Banco Popular.

En el documento, Adicae denuncia que el proceso de subasta llevado a cabo por el Frob tras la habilitación concedida por la Junta Única de Resolución "no fue correcto ni lo transparente que (...) debía haber sido" y que se "confirieron ventajas" a Banco Santander.

Según la asociación de consumidores, la "alternativa viable" en la operación hubiese sido el canje de acciones de Banco Popular por las de Banco Santander.