Grandes inversores institucionales que se vieron afectados por la resolución de Banco Popular, que acabó en manos del Santander tras un proceso en el que accionistas y tenedores de bonos `junior¿ perdieron toda su inversión, han contratado al bufete internacional Quinn Emanuel para analizar posibles acciones legales.   El grupo de bonistas, que incluye a Pimco, Anchorage, Algebrisy Ronit Capital, constituye un ¿porcentaje material¿ de los tenedores de bonos junior de la entidad que presidía Emilio Saracho, según publica Financial Times.

Quinn Emanuel dice que explorará las acciones y las comunicaciones de los reguladores que llevaron a la evaluación del BCE de que el banco estaba ¿quebrado o cerca de quebrar¿, así como las acciones de la administración del banco y la evaluación de los reguladores.

Richard East, de Quinn Emanuel, ha comentado al diario británico que ¿estamos encantados de haber sido elegidos para representar a estos fondos, todos los cuales han sufrido pérdidas desproporcionadas e innecesarias como resultado de la implementación de la decisión de la SRB de imponer un esquema de resolución sobre Banco Popular y su posterior implementación por el regulador nacional español, el FROB¿.

¿Han surgido una serie de problemas graves y vamos a revisar el plan de resolución y los acontecimientos previos a las decisiones adoptadas y, cuando sea necesario, presentar reclamaciones para restaurar la posición y / o buscar daños y perjuicios¿, ha avisado.

Pimco, uno de los mayores gestores de activos del mundo, tenía a cierre de marzo 279 millones de euros invertidos sólo en los bonos AT 1 del Popular. Teniendo en cuenta que el banco tenía en circulación 1.250 millones de euros en estos bonos, Pimco era el principal titular de estos productos, que pasaron a no valer nada tras la intervención.