La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, ha reiterado en varias ocasiones que el proceso fue transparente, cumplió con las normas de la Unión Bancaria y evitó el "contagio" en el mercado, además de no costar un euro a los contribuyentes.
No obstante, reconoció que, como acto que emana de la UE, la decisión puede ser recurrida ante la corte comunitaria, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
König ha tenido que defenderse además de las acusaciones de haber filtrado información antes de la operación, ya que después de que nombrase al Banco Popular entre los bancos "vigilados" en una entrevista con Bloomberg, el precio de la acción cayó un 3,6 %.
Asimismo, tras las informaciones publicadas en Reuters citando a un cargo europeo respecto a un "aviso temprano" de la JUR sobre el Popular, estas bajaron un 18 %.
En España, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha insistido en que el organismo no ha tenido ninguna participación en la operación, decidida en Fráncfort y ejecutada por el FROB.
Aunque se ha mostrado partidario de que el Banco Central Europeo (BCE), que es del que depende la supervisión de las principales entidades de la zona del euro desde finales de 2014, le permita proporcionar todos los datos sobre la situación del banco en los días previos a la liquidación.
Para los afectados, tanto minoristas como institucionales, la clave reside en el informe que la consultora Deloitte presentó ante la JUR y que atribuía al banco una valoración negativa que oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros pero que, en un escenario más positivo, le concedía una valoración de 1.500 millones de euros.
König se ha apresurado a rechazar la posibilidad de que se haga público dicho informe, que contendría "información confidencial" aunque varios accionistas han reclamado que se haga público.
La avalancha de demandas no se ciñe al anterior equipo gestor, tanto de la etapa de Ángel Ron como de la de su sucesor, Emilio Saracho, sino que ha alcanzado al FROB, al BCE, a la CE o al Santander, que se quedó con la entidad por un euro.
Pero la oferta anunciada por el banco que preside Ana Botín para compensar a los clientes del Popular que acudieron a la ampliación de capital del verano pasado podría reducir en parte el número de reclamaciones.
El Santander propone entregar "bonos de fidelización", que darán derecho a una rentabilidad fija anual del 1 % que se pagará trimestralmente, obligaciones con 100 euros de valor nominal amortizables a partir del séptimo año, tras lo cual el titular recibirá el 100 % del valor nominal.
La oferta se limita a pequeños accionistas, por lo que los grandes inversores, que no se podrán beneficiar del acuerdo, ya han movilizado a sus equipos jurídicos y ha comenzado la cascada de demandas y denuncias.
Hasta ahora, el grupo chileno Luksic, cuya participación en el Popular -que pasó de 113 millones de euros a cero- alcanzaba un 3,45 %, ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el FROB, y prevé presentar también otro contra la JUR en el TJU.
Y el principal accionista individual, el mexicano Antonio del Valle, que poseía un 4,2 % del capital del banco y ha perdido 550 millones de euros, ya ha denunciado a la JUR.
Contra Del Valle se dirige la denuncia presentada por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), por posibles delitos contra el mercado y los consumidores cometidos en la entidad a raíz de la entrada del mexicano en el capital social.
Asimismo, un grupo de grandes fondos de inversión estadounidenses, entre los que figura Pimco, que han perdido más de 800 millones de euros, prevé demandar al Santander y a la JUR, y la OCU ha presentado una querella contra Ángel Ron y otros exdirectivos por falsedad contable y estafa al inversor.
Tampoco se ha quedado atrás la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae), que ha registrado un recurso contencioso-administrativo por el papel del FROB.
Y el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, que ha perdido unos 45 millones con la liquidación, ha impulsado una plataforma de afectados -Ampopular- que aglutina ya a 3.000 accionistas, con objeto de presentar demandas colectivas contra los responsables de la liquidación. EFECOM
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