Cremades & Calvo-Sotelo
El bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo ha sido uno de los más `beligerantes¿ desde que se decidió la resolución del Banco Popular. Al fin y al cabo, ellos representan al grupo de antiguos accionistas del banco de mayor volumen, a través de AEMEC (Asociación Española de Accionistas Minoritarios), con unos 1.500 accionistas del Popular representados con poderes notariales. Desde el despacho, sí consideran una buena noticia la iniciativa del Santander, explicando que ¿con independencia de que solo podrán beneficiarse de ella una parte de los afectados, es un paso en la satisfacción del interés del cliente, que no excluye otros pasos que estos puedan y deban dar¿.
Respecto a estos pasos los expertos del bufete recuerdan que la de Santander es una acción meramente comercial. ¿No es una satisfacción extrajudicial, por lo que en principio Cremades & Calvo-Sotelo ve compatibilidad entre aceptar en su caso la oferta de Santander y con la acción en Europa y otras posibles indemnizaciones civiles o administrativas que se puedan ventilar en España¿. Eso sí, solo aquellas no dirigidas contra Banco Santander que, por cierto, es cliente del despacho.
Aún así, su línea de acción ha sido desde el principio contra Europa y ¿la administración temeraria del anterior presidente, el Sr. Saracho. Ahí está por tanto el objetivo y la compensación final¿, indican desde el despacho. En declaraciones al diario Financial Times, el abogado Javier Cremades ha confirmado que tan solo dos de sus clientes han abandonado el proceso de demandas.
Ampopular y OCU
Rafael Moreno, el abogado que dirige la estrategia legal de la plataforma liderada por el presidente de Grupo Kiluva (Naturhouse), Félix Revuelta, explica que aún deben estudiar el folleto que Santander remitirá a la CNMV en septiembre. El abogado opina que la cifra que Santander empleará para compensar a los afectados por el Popular, 980 millones de euros en esa emisión de bonos, ¿supone apenas un tercio de todo lo que los accionistas invirtieron en la ampliación de capital de 2016 por valor de 2.500 millones de euros¿. ¿No me parece una oferta generosa comparada con todos los requisitos y a todo a lo que deben renunciar los afectados para acceder a ella¿, explica Moreno, recordando que, por ejemplo, una de las emisiones de deuda subordinada del Popular que entra en el canje por los bonos de fidelización, ¿se podría pedir incluso la nulidad, al coincidir con una emisión por la que la CNMV multó al banco por deficiencias en el folleto que emitió en aquel momento¿.
El abogado recuerda que el nivel de fidelización que Santander pide a los clientes para que puedan acudir a esta compensación es exagerado, por lo que anima a los afectados a continuar con los procesos de demandas. ¿Sabíamos que nos iban a ofrecer un producto complejo, a muy largo plazo que obligase a renunciar a muchos derechos para una minúscula recompensa, así que las demandas siguen adelante¿, asegura, recordando que Ampopular aglutina ya a cerca de 12.000 afiliados que interpondrán demandas civiles contra Popular y previsiblemente contra el auditor PwC.
Elpidio Silva Abogados
Elpidio Silva, el juez inhabilitado tras la instrucción del caso Blesa, coincide con Cremades en que la oferta del Santander ¿es una buena noticia¿. Pero solo porque ¿se reconoce, de forma pública y material que han existido irregularidades muy graves. Si no, Santander no hubiese realizado esa oferta que le va a reportar un gasto¿.
A pesar de asegurar positiva la actitud del banco cántabro, critica lo reducido de una oferta con ¿demasiados requisitos¿. Desde su despacho en Madrid, el abogado explica que Santander ¿no pueden ofrecer un interés del 1% en deuda perpetua que no es reembolsable y en la que hay que esperar un plazo de siete años para poder cobrar¿, y recuerda a sus clientes que ¿aunque se acepte la oferta, no se elimina la posibilidad de acciones judiciales contra los gestores del Banco Popular¿. Ángel Ron y Emilio Saracho son desde el principio los principales objetivos del exjuez, que asegura que ninguno de sus clientes se ha retirado, de momento, del proceso de demandas.
Asociación Independiente de Afectados del Popular
José Ignacio Rugama Odriozola, portavoz de la Asociación Independiente de Afectados por el Popular, que también están recibiendo asesoramiento de Elpidio Silva Abogados, asegura que entre sus filas (cerca de 1.000 participantes), ¿la mayoría considera que la oferta del Santander es una tomadura de pelo, porque no compensa a los que compraron acciones ni antes ni después de la ampliación de capital del Popular¿.
Según un estudio de la Asociación, elaborado por dos de sus miembros (Heráclito Martínez y Ángel Martínez), ¿Santander está ofreciendo en realidad 80 céntimos por cada 100 euros invertidos a los accionistas¿. Su estimación se basa en un cálculo estimado del valor que tendría en el mercado secundario los bonos de fidelización. ¿El mismo día que empiecen a cotizar pueden perder entre un 45% a un 75%, calculado entre el 1% que ofrece Santander y el precio medio del mercado de este tipo de productos, que se sitúa en el 6%¿. Los autores del estudio calculan que, por cada punto menos de interés, se descuenta el 15% del valor inicial.
La Asociación asegura que sus integrantes ¿no se echarán atrás¿, y después de haber remitido un recurso potestativo al FROB y al JUR, preparan ya las demandas civiles y penales para las que tienen un plazo más amplio. Rugama Odriozola explica que las acciones legales siguen su curso, y mantienen también su asistencia a la manifestación convocada para el próximo 30 de julio en Madrid para protestar por la situación que viven desde la liquidación del Popular.
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