Desvirtuada, a marchas forzadas y por cumplir. La comisión de expertos creada por el Gobierno para analizar los posibles escenarios de transición energética ha generado cierta preocupación entre los actores del sector privado y directo malestar entre los agentes sociales que se sienten excluidos del proceso.
Una iniciativa que nació impulsada por la necesidad de consenso en un tema vital para el país como lo es la energía, ha acabado en un comité diseñado por el Gobierno y con un desequilibrado y politizado reparto de expertos “independientes y de reconocido prestigio”, se quejan desde el sector privado. De los 14 miembros que lo formarán, cuatro los elige el Gobierno; uno por cada grupo parlamentario; y tres más que elegirán los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). Este diseño hace que el PP tenga un tercio del peso en el grupo, con cinco candidatos a su elección.
El desencanto es tal que desde el PSOE, uno de sus impulsores, afirman que las modificaciones que ha hecho el Gobierno sobre la propuesta inicial “desdibujan” la esencia y finalidad de este grupo.
El grupo de expertos “no se corresponde con la iniciativa aprobada en el Parlamento”, pues no se trataba de crear “un grupo de representantes de agentes sociales y de grupos parlamentarios, sino de expertos independientes y de reconocido prestigio consensuado entre todos”, ha afirmado la portavoz de Energía socialista, Pilar Lucio. Su opinión la comparten algunas fuentes del sector privado consultadas por EL ESPAÑOL.
Para la portavoz, este reparto deja fuera a otros actores que deberían estar representados en una comisión que debatirá la senda de transición energética que requiere España.
Aunque en los últimos días han sonado varios nombres, por el momento, el único confirmado es el que ha designado la patronal, Guillermo Ulacia. Joan Rosell, presidente de la CEOE, le comunicó la decisión hace unos días, confirman fuentes de la patronal. Ulacia es actualmente el presidente de la comisión de Industria y Energía de CEOE y vicepresidente ejecutivo de Tubos Reunidos. Pese a estar muy ligado a la industria, la sensibilidad ‘renovable’ del expresidente de Gamesa puede beneficiar al sector en el comité.
“Confiamos en que la composición de este grupo sean expertos en materia energética, gente con conocimiento y que dejen la ideología fuera de las reuniones”, señala a este periódico José María Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).
Desde el Ministerio de Energía indican que todavía no hay una lista oficial y que esperan que el comité esté conformado en los próximos días.
Con poco margen y sin actores clave
El objetivo de esta comisión es elaborar un informe en el que se exponga el mejor camino para que España realice la transición energética necesaria para cumplir con los compromisos medioambientales (tanto los europeos como los de la Cumbre de París), sin comprometer la competitividad, el empleo y el medio ambiente. Estas recomendaciones se tendrán en cuenta para la elaboración del borrador de la próxima Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que debe presentarse a Bruselas el 1 de enero de 2018.
El Gobierno da un plazo máximo de seis meses a este grupo de expertos para que presente su visión sobre las diferentes combinaciones de fuentes de energía que llevarán a una transición eficiente, sostenible y baja en carbono. ¿El problema? Que para enero ya no quedan seis meses y que, tratándose de un tema clave como este, el margen que se ha dado a los expertos para emitir su informe es escaso.
Aunque la decisión de crear el comité es vista como algo muy positivo entre los actores del sector privado, ven claro que es necesario más tiempo para que puedan trabajar todas las aristas del tema como se ha hecho en países como Reino Unido, Alemania o Suecia cuando se han planteado reformas de semejante calado.
Se critica, además, que entre los 14 puestos no se haya dejado espacio a miembros del sector renovable más allá de la representación global a través de la patronal, ya que son los que han vivido la realidad de la implantación de las energías renovables en España y conocen los riesgos e impactos de los cambios regulatorios, señalan fuentes del sector privado a este periódico.
También se echa de menos la participación del sector financiero, ya que tratándose de negocios intensivos en capital, no estaría de más un representante que aporte su visión sobre cómo se va a invertir en este cambio. Pero no es lo único. También se observa la falta de expertos que puedan aportar algo fundamental de cara a la transición energética: innovación.
Otros de los ‘marginados’ son los ecologistas. Desde Greenpeace afirman con dureza que es un “proceso totalmente viciado” y que se trata de “generar la apariencia de que hay una consulta pública y una participación cuando es totalmente falso”. “Se está dejando de lado a sectores muy importantes de la sociedad, no sólo a los ecologistas, también a los consumidores. No es casual. (El Gobierno) teme que se les muestre que hay alternativas porque quieren presentar un único camino para que las cosas no cambien”, señala a EL ESPAÑOL, José Luis García, jefe del área de Energía de la ONG.
“El comité llega tarde, le dan un plazo de seis meses y ni se ha constituido y España tiene que presentar el borrador del plan integrado de Energía y Clima, bajo unos parámetros europeos, el 1 de enero”, agrega García quien no descarta que este borrador se presente sin las conclusiones del comité o, incluso, que no se cumplan los plazos.
Desde APPA calman el debate y afirman confiar en el resultado de los trabajos y en que se logre el mayor consenso posible, pero también en que el Gobierno escuche “de una vez por todas tanto a los agentes sociales y a este comité, como a las empresas y demás actores implicados”, señala Moya.
Abierta la consulta pública
El Gobierno habilitó el pasado martes una página web en la que abre la participación al resto de la sociedad.
Desde esta web, se puede descargar un formulario que plantea preguntas como cuáles los principios rectores de un modelo energético para lograr una economía baja en carbono, criterios para cumplir el objetivo de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o cuestiones sobre el impacto económico, social y medioambiental y los mecanismos necesarios para su revisión y cumplimiento. Ciudadanos y asociaciones podrán responder a las 40 preguntas que plantea la consulta hasta el próximo 10 de octubre.