El sector eólico estima que la instalación de los más de 4.600 megavatios (MW) de esta tecnología adjudicados en las tres subastas realizadas entre 2016 y 2017 supondrán unas inversiones superiores a los 4.500 millones de euros y la creación de entre 25.000 y 30.000 empleos, entre directos e indirectos, en la fase de construcción.

En un comunicado, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) señala que los 1.128 MW eólicos adjudicados ayer, de los 5.037 MW finalmente adjudicados en la última subasta de renovables celebrada, "da continuidad a la actividad del sector de cara a lograr el cumplimiento de los objetivos europeos".

En las dos subastas celebradas este año, se han adjudicado un total de 8.037 MW de nueva potencia renovable distribuidos entre 4.107 MW eólicos, 3.910 MW fotovoltaicos y 20 MW correspondientes a otras tecnologías, a los que hay que unir los 700 MW (500 MW de energía eólica y 200 MW de biomasa) que se adjudicaron en la de enero de 2016.

Asimismo, afirma que confía en que "todos los actores implicados -promotores, fabricantes, entidades financieras, administraciones públicas, autonómicas y municipales...- trabajen "mano a mano" para que a finales de 2019 todos los proyectos adjudicados en las tres subastas realizadas estén en funcionamiento, "momento en que se comprobará la eficacia real de las mismas".

La eólica, clave para cumplir los objetivos 2020

Para la AEE, el resultado de las subastas muestra que la eólica es, en la actualidad, "la tecnología que puede aportar más energía al cumplimiento de los objetivos de 2020 a un menor coste para el sistema".

No obstante, la patronal subraya que, "más que nunca", es necesaria una planificación energética para los próximos años que tenga en cuenta las necesidades energéticas y de descarbonización del país a largo plazo, que garantice un 'mix' equilibrado entre las diferentes tecnologías, dentro del ámbito de un futuro mercado eléctrico que debe permitir la incorporación de tanta potencia renovable sin poner en riesgo las inversiones.

Por ello, pide que se "dé visibilidad" al sector renovable con un calendario de subastas que, más allá incluso de los objetivos europeos a 2020, tenga en cuenta tanto los compromisos internacionales en materia medioambiental (el Acuerdo de París y los Objetivos de la UE a 2030) como los hitos necesarios de cara a una ordenada transición energética.

Asimismo, insiste en que los 23.000 MW eólicos instalados en España desde los años noventa lo hicieron "en un momento de menor madurez tecnológica y diferentes condiciones financieras" y, por lo tanto, con mayores costes, por lo que "deben respetarse los incentivos hasta el final de su vida útil regulatoria" y no modificar su rentabilidad razonable cada seis años durante su vida útil regulatoria.