Los demandantes, entre los que está la familia Del Valle, piden dos medidas cautelares: la suspensión del proceso de integración y la anotación de la operación en el Registro Mercantil. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha comunicado esta petición al FROB, que tiene diez días para presentar sus alegaciones. A continuación, la Audiencia decidirá al respecto.
Una eventual paralización de la operación cambiaría el calendario de ejecución de la operación de Santander y en caso de imponerse medidas cautelares se paralizarían tanto la venta como las operaciones que Santander prevé realizar con los activos de Popular, como la desinversión en inmuebles.
Los analistas de Ahorro Corporación consideran que ¿hay escasas probabilidades de que se suspenda la venta de Popular¿, pero aun así advierten de que ¿este tipo de noticias podría tener impacto negativo en la cotización de Santander¿.
Los expertos consideran que con la compra se abrieron varias incógnitas y/o riesgos, como el riesgo de litigios, que rondarían los 2.000 millones de euros en el caso de los minoristas que habrían acudido a la última ampliación de capital. También habría que considerar el riesgo de deshacer las `joint ventures¿ que tiene Popular con otras entidades, que Santander habría estimado en unos 400 millones, añaden.
Por otro lado, se ha conocido que el consejo de administración de Banco Santander adquirió 5,89 millones de nuevas acciones en la ampliación de capital de 7.072 millones de euros que realizó para la compra de Banco Popular, lo que supone un desembolso de 28,54 millones de euros.
En concreto, y según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la presidenta de la entidad, Ana Botín, ha adquirido 1,84 millones de nuevas acciones tras desembolsar 8,94 millones de euros. José Antonio Álvarez, consejero delegado del banco, ha adquirido 83.462 acciones por 404.791 euros