La demanda, según un comunicado, cuestiona la legalidad del nuevo Mecanismo Único de Resolución (MUR) en el marco de la legislación de la UE y el proceso que condujo a la decisión de la resolución del Banco Popular.

Para los inversores mexicanos el marco de resolución es "ilegal" porque a las partes interesadas se les negaron derechos fundamentales garantizados por la legislación de la UE, ya que no tuvieron la oportunidad de comentar o impugnar la decisión, además de que insisten en que el banco "no estaba en graves dificultades ni probablemente fuera a estarlo".

Popular se enfrentó a un problema de liquidez a corto plazo, causado "principalmente por las declaraciones de la propia Junta Única de Resolución (JUR) de la UE, que llevó a los depositantes a concluir que el banco se enfrentaba a una resolución inminente".

También afean que la JUR no considerara otras alternativas que hubieran evitado la resolución, y con ello la pérdida del dinero de todos los accionistas, al tiempo que aseguran que hubo otras medidas del sector privado que habrían evitado la resolución del Banco Popular y su posterior venta por un euro al Banco Santander.

El consejo de administración y accionistas de Banco Popular, desvelan, habían dado el visto bueno a un aumento de capital que se llevaría a cabo a principios de junio.

Pero es que además, añaden, "el grupo de inversores mexicanos estaba preparado para hacer una sustancial inversión, junto con otros inversores privados, para resolver los problemas a corto plazo del banco, y estaban listos para llevar a cabo la inversión cuando se anunció la decisión de la resolución".

Además, lamentan, la JUR no dio tiempo suficiente para llevar a cabo un proceso de venta efectivo, dirigido por Banco Popular. EFECOM

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