Los mexicanos del Popular dicen que estaban listos para salvar el banco y piden al TJUE que anule la venta

La demanda, según un comunicado, cuestiona la legalidad del nuevo Mecanismo Único de Resolución (MUR) en el marco de la legislación de la UE y el proceso que condujo a la decisión de la resolución del Banco Popular.

Para los inversores mexicanos el marco de resolución es "ilegal" porque a las partes interesadas se les negaron derechos fundamentales garantizados por la legislación de la UE, ya que no tuvieron la oportunidad de comentar o impugnar la decisión, además de que insisten en que el banco "no estaba en graves dificultades ni probablemente fuera a estarlo".

Popular se enfrentó a un problema de liquidez a corto plazo, causado "principalmente por las declaraciones de la propia Junta Única de Resolución (JUR) de la UE, que llevó a los depositantes a concluir que el banco se enfrentaba a una resolución inminente".

También afean que la JUR no considerara otras alternativas que hubieran evitado la resolución, y con ello la pérdida del dinero de todos los accionistas, al tiempo que aseguran que hubo otras medidas del sector privado que habrían evitado la resolución del Banco Popular y su posterior venta por un euro al Banco Santander.

El consejo de administración y accionistas de Banco Popular, desvelan, habían dado el visto bueno a un aumento de capital que se llevaría a cabo a principios de junio.

Pero es que además, añaden, "el grupo de inversores mexicanos estaba preparado para hacer una sustancial inversión, junto con otros inversores privados, para resolver los problemas a corto plazo del banco, y estaban listos para llevar a cabo la inversión cuando se anunció la decisión de la resolución".

Además, lamentan, la JUR no dio tiempo suficiente para llevar a cabo un proceso de venta efectivo, dirigido por Banco Popular. EFECOM

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