En un comunicado difundido por la Bolsa de Valores de Londres, la entidad parcialmente nacionalizada -un 73 % de su participación pertenece a los contribuyentes británicos- informó además de que planea trasladar a Amsterdam parte de su plantilla a raíz del "brexit", o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

El consejero delegado del grupo, Ross McEwan, se congratuló de este balance financiero y destacó que "el camino hacia los beneficios sostenidos es cada vez más claro y está cada vez más cerca", al tiempo que indicó que el RBS "ha resuelto algunos de los asuntos más significativos a los que se enfrentó en el pasado".

Los beneficios netos atribuidos obtenidos por el banco escocés durante los primeros seis meses de año contrastan con las pérdidas de 83 millones de libras (91 millones de euros) cifradas durante ese mismo periodo en 2016.

El RBS explica en la nota que esos beneficios netos se lograron "principalmente" gracias a factores como "los ingresos más altos procedentes de actividades comerciales y a un incremento de los beneficios procedentes de operaciones que han dejado de realizarse".

También informó de que sus ingresos totales para esta primera mitad de año fueron de 930 millones de libras (1.028 millones de euros).

A la vista de estos resultados, Ross McEwan recordó que el banco está realizando lo que ya dijo que haría, "aumentar sus ingresos, reducir los costes y mejorar el rendimiento para los accionistas al tiempo que comienza a proporcionar un mejor servicio para los clientes".

Por otro lado, al mismo tiempo que presentó su balance semestral, el banco anunció que ya ha comenzado a implementar planes de contingencia ante el "brexit" y negocia actualmente con el banco central holandés a fin de reubicar su sede en Amsterdam tras la marcha del Reino Unido del bloque comunitario.

Esa operación requeriría de unos 150 empleados, para lo que el RBS planea reubicar parte de sus trabajadores de sucursales de Londres y contratar a otros en Holanda.

El pasado mes, el banco llegó a un acuerdo con la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda de Estados Unidos por el que pagará 5.500 millones de dólares para zanjar las reclamaciones relacionadas con la emisión y suscripción de valores respaldados por hipotecas residenciales en ese país.