El despacho de abogados entiende que han existido "una serie de irregularidades" en el caso, ya que antes de la resolución de la entidad, tanto el Gobierno como el Banco de España defendieron la solvencia de Popular, al tiempo que las administraciones públicas efectuaban importantes retiradas de depósitos. Por ello, el bufete podría reclamar una indemnización del Estado para sus representados.

La demanda podría efectuarse por medio de dos vías: a través de un arbitraje internacional para los inversores cuyo país de origen tenga con España un tratado de protección de inversiones, y mediante los tribunales contencionso-administrativos nacionales para los inversores españoles y demás extranjeros cuyo país de origen no tenga con España un tratado como el referido anteriormente.

En declaraciones a Europa Press, Bernardo Cremades Jr, abogado del despacho B. Cremades y Asociados, subraya que, además, existe "el agravante" de que el organismo presidido por Luis María Linde no extendiese las líneas de liquidez de emergencia (ELA, según sus siglas en inglés) a Popular, que contaba con 40.000 millones de euros en activos susceptibles de ser presentados como colateral --garantía-- antes de su colapso.

"Por un lado retiraban liquidez y por el otro no la extendían, por lo que estamos explorando la posibilidad de iniciar acciones legales por responsabilidad patrimonial del Estado", asegura Cremades, que incide en el "principio de unidad de la Administración".

B. Cremades y Asociados dispone de un año a contar desde la fecha de la intervención de las autoridades en Popular --7 de junio de 2017-- para solicitar la responsabilidad patrimonial del Estado, pero esperará a recibir el expediente administrativo de la resolución para estudiar en detalle sus posibilidades.

El despacho recibirá esta documentación una vez presente ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (Frob) por ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), acción prevista para el próximo 7 de septiembre.

NEGATIVA DE BRUSELAS

Por otra parte, la Comisión Europea ha negado a B. Cremades y Asociados el acceso a las versiones confidenciales de los informes elaborados por el Banco Central Europeo (BCE) y por la JUR en relación a la resolución de Popular, así como al trabajo de valoración realizado por Deloitte, al entender que su publicación podría comprometer la estabilidad financiera de la Unión Europea y dañar los intereses comerciales de Santander, tal y como ha adelantado el diario 'Expansión'.

En una carta firmada por el director general de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capitales de la UE, Olivier Guersent, a la que ha tenido acceso Europa Press, Bruselas defiende que la publicación de estos documentos perjudicaría los "legítimos intereses comerciales" de Santander y de sus accionistas.

"La información sobre la posición de Banco Popular en el mercado, así como los datos sobre sus activos y obligaciones, constituye información comercial sensible de Banco Santander como comprador de Banco Popular. La divulgación pública de esta información, en este momento, podría perjudicar la protección de los legítimos intereses comerciales de Banco Santander en relación a su posición competitiva en el mercado bancario", reza el documento.

Además, la Comisión Europea alega que la divulgación de los textos completos requeridos podría ocasionar "reacciones adversas en el mercado" que pondrían "en riesgo" la estabilidad financiera comunitaria.

"Su divulgación pública, en esta etapa, podría causar efectos secundarios que afectarían negativamente a la posición financiera de otras instituciones de crédito de la Unión", insiste Bruselas, que no identifica un "interés público primordial" en la publicación de los informes completos.

Ante esta negativa, B. Cremades y Asociados solicitará al Ejecutivo comunitario que reconsidere su postura en el plazo de 15 días hábiles. De no conseguir el acceso a los documentos, el despacho de abogados interpondrá un recurso ante la Comisión Europea en el Tribunal de Luxemburgo.

El pasado 7 de julio, el bufete de abogados ya presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pidiendo una copia del expediente administrativo de la resolución y solicitando la nulidad de la decisión de la JUR mediante la que se resolvió Banco Popular. Asimismo, el despacho requirió una compensación equivalente al valor neto de los activos de Banco Popular a fecha 7 de junio de 2017.