La demanda destaca que en el folleto de la operación, la entidad estimó pérdidas de 2.000 millones de euros cuando "existió un resultado manifiestamente contrario, elevándose el desfase un 75 % más", razón por la que solicita la nulidad del contrato y el reintegro de casi 10.000 euros por vicio en el consentimiento.

Expone además que esa "falsa situación de solvencia" condujo a "engaño" a la demandante, una pequeña empresa dedicada al reciclaje de residuos y que desde su fundación, hace once años, "jamás había adquirido acciones de clase alguna".

Al respecto, relata que la sociedad no habría comprado las 6.630 acciones del Popular de no haber sido aconsejada por el comercial y el director de la oficina bancaria.

Según consta en el documento, al que ha tenido acceso Efe, éstos "aprovecharon" la concesión de un préstamo de 100.000 euros para colocar el producto, "edulcorando" esa compra con la "falsa promesa de que con la ampliación se habían acabado los problemas del banco, que percibiría dividendos a partir de 2017 y que el valor de la acción repuntaría notablemente".

Argumentos que, estima, "evidencian el desequilibrio" entre las dos partes contratantes y la actuación "antijurídica" del Popular, al que pide llevar a juicio ordinario al exceder la cuantía objeto de las controversias los 6.000 euros previstos por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Fuentes conocedoras del procedimiento han informado a Efe de que el escrito ya obra en poder de la justicia madrileña, que mañana procederá a repartir este expediente al juzgado de primera instancia competente.

El 17 de junio de 2016, el Banco Popular dio por culminada "con éxito" su ampliación de capital, en la que se suscribieron la totalidad de las más de 2.004 millones de nuevas acciones ofrecidas, valoradas en 2.500 millones de euros.

Con esta operación, la entidad pretendía fortalecer su balance, así como mejorar sus índices de rentabilidad y sus niveles de solvencia y de calidad de activos; sin embargo, la nueva inyección de capital no logró tranquilizar a los inversores, lo que activó el relevo en la presidencia de Ángel Ron.

El pasado 7 de junio, Europa autorizó su resolución, hecho que también critica una demanda que tacha de "mísero" el valor de venta al Santander, banco que apenas días más tarde "se vio obligado a acometer una ampliación de 7.072 millones de euros para poder atajar la insolvencia del Popular".

Las primeras acciones por la vía civil se suman a los contenciosos-administrativos interpuestos contra el papel de la Junta Única de Resolución (JUR) y el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), encargado de ejecutar la operación en España, así como a las querellas contra miembros del consejo, presentadas en la Audiencia Nacional.