Finales de julio de 2017. Rami Aboukhair, consejero delegado del Santander España, firmaba una carta remitida a toda la plantilla del Popular informando de los resultados semestrales de la entidad y explicando que el proceso de integración de ambos bancos comenzaría después del verano.

Los plazos avanzan y desde hace meses se han puesto en marcha equipos permanentes de trabajo en los Servicios Centrales de Popular, donde los despidos están prácticamente confirmados. El propio José Antonio Álvarez, consejero delegado de Banco Santander, explicó en la última presentación de resultados que en unos cuatro meses podrían ofrecer una cifra del ajuste en esta área, retrasando para más adelante los recortes en la red comercial.

Desde los sindicatos explican que aún no se les ha informado de cuándo empezará este proceso ni de cómo se llevará a cabo. Pero el nerviosismo en las oficinas es más que patente, y la sección sindical de UGT en el banco ha solicitado ya una reunión y la creación de una mesa permanente de comunicación para abordar todo lo que pueda afectar a la plantilla. De momento, sin respuesta. ¿La comunicación con el Santander en lo que respecta al futuro laboral de los empleados del Popular es nula¿, indican desde el sindicato, a pesar de que el ajuste en servicios centrales parece inminente.

El gran temor no es solo una nueva pérdida de puestos de trabajo, después del ERE que este año se cerró llevándose por delante a unos 2.600 trabajadores, en torno al 17% de la plantilla. Los sindicatos denuncian que Santander cuenta con una estructura empresarial distinta a la del Popular, y que muchos de los puestos de trabajo en el área de tecnología y servicios centrales se realizan a través de empresas externas.

Es decir. Si no se llega a un acuerdo, en el proceso de integración, los trabajadores del Popular de estas áreas que no sean despedidos, pasarían a trabajar para Santander, pero contratados por una empresa externa. ¿Tememos que haya cambios de convenios y pérdida de derechos, pero el hermetismo es total a este respecto¿, explican desde UGT.

Además de servicios centrales, los sindicatos también desconocen las intenciones con el futuro laboral de los empleados del área inmobiliaria del Popular, tras la venta por parte del Santander del 51% de este negocio al fondo estadounidense Blackstone a principios de agosto. No solo se trata de Aliseda, sino también de los empleados de Nita, la división del Popular que cuenta con 40 oficinas especializadas en el negocio inmobiliario y la transformación y venta de activos.