Numerosos bufetes de abogados han solicitado la documentación completa de la resolución, así como el informe de valoración de Deloitte, pero las autoridades comunitarias, por el momento, deniegan el acceso a esta información y se remiten a las versiones no confidenciales de la intervención publicadas por el Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Única de Resolución (JUR).

En su defensa, la Comisión Europea alega que la publicación de esta documentación podría comprometer la estabilidad financiera de la Unión Europea y comprometer los "legítimos intereses comerciales" de Banco Santander, que adquirió Popular al precio simbólico de un euro tras la intervención.

Rúa Abogados solicitó esta documentación, finalmente denegada, antes de presentar tres recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la resolución de la JUR y ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) de ejecutar la decisión de la JUR. En el contenido de las demandas, el despacho reclama de nuevo el acceso a esta información, aunque esta vez judicialmente.

Con el objetivo de asegurarse el acceso a la documentación confidencial, Rúa Abogados solicitará también la información en la causa penal que interpondrá contra la resolución de Banco Popular y su posterior venta a Santander.

Para el socio director del bufete, Pablo Rúa, el acceso a dicha información es "necesario para determinar y depurar las posibles responsabilidades de la JUR y del resto de intervinientes en la venta de Banco Popular".

Además, el bufete comenzará con los procedimientos civiles individuales contra la decisión de resolver Popular en las próximas semanas, según adelantó en una nota.