La Agencia Tributaria figura como uno de los primeros acreedores de Reyal Urbis que, de hecho, aparece en las primeras posiciones de la lista de morosos que publica Hacienda con una deuda de 363 millones. Además, adeuda otros 1.000 millones a la Sareb.

Reyal Urbis se vio finalmente abocada a la liquidación a finales del pasado mes junio, al no lograr el respaldo de estos y otros acreedores para aprobar un plan de pago de deuda y superar el concurso en el que la compañía estaba inmersa desde hace cuatro años, desde comienzos de 2013.

El Juzgado de lo Mercantil ha ratificado ahora la apertura de la fase de liquidación y disolución de la compañía, mediante un auto emitido el pasado 28 de julio, notificado este martes por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Reyal Urbis soporta un endeudamiento, sólo con los bancos, de 3.572 millones de euros y presenta un 'agujero', un patrimonio negativo de 3.482 millones, según datos de la empresa de cierre del primer semestre de este año.

EMPRESA 'ZOMBI' DESDE HACE CUATRO AÑOS.

Reyal tenía paralizada la actividad de promoción y venta de viviendas desde que cayó en concurso de acreedores en febrero de 2013, después de que los bancos rechazaran la que hubiera sido la cuarta refinanciación de su deuda.

La compañía se convirtió así en una de las grandes firmas del sector que quebró durante la crisis junto con Habitat, Nozar y la mencionada Martinsa Fadesa.

Además del negocio residencial, contaba con una cartera de hoteles y con otra de edificios de oficinas en alquiler que suman 123.000 metros cuadrados de superficie.

Reyal afronta su liquidación apenas una década después de su constitución en julio de 2006, fruto de una de las grandes operaciones corporativas registradas durante el 'boom' del sector y apenas un año antes de que pinchara la 'burbuja' inmobiliaria y comenzara la crisis.

En esa fecha, Reyal, firma de Rafael Santamaría, acordó la compra de Urbis, inmobiliaria controlada por el entonces Banesto. La operación se materializó mediante el lanzamiento de una OPA valorada en 3.317 millones de euros, importe similar a la deuda con que la empresa irá ahora a liquidación.