Giro en la estrategia jurídica contra la compra del Popular por un euro por parte del Banco Santander. Un grupo de inversores está ultimando una demanda contra la entidad que preside Ana Botín por enriquecimiento injusto.

Se trata de un grupo de fondos de inversión, aseguradoras, sicav… que contaban con un patrimonio de más de 100 millones de euros en acciones del ‘Popu’. Consideran que la resolución y posterior venta no debió haberse producido nunca, y que el Santander -lejos de tener que invertir- ha ganado mucho dinero con la compra.

Esta demanda está comandada por Jausas abogados, quienes recuerdan que la entidad de Ana Botín compró un banco que -horas antes- tenía un valor en bolsa de 1.300 millones. Horas después, el famoso Informe Deloitte, arrojaba una valoración negativa de entre -2.000 y -8.000 millones de euros; y de ahí el precio de venta. Un euro, al que luego le sobrevino una ampliación del Santander de 7.000 millones para cubrir déficit de capital y provisiones en Popular. 

Sin embargo, este grupo de inversores considera que todavía hay que comprobar si esa valoración es correcta. Falta conocer, detallan, la nueva valoración -tras la resolución- que debe hacer la Junta Única de Resolución, que podría dar un precio mayor al del Informe Deloitte. Esto abriría la posibilidad de obtener un pequeño pago a los accionistas por la diferencia.

Los motivos

Por último, recuerdan que Santander adquiere un negocio en marcha. Con un fondo de comercio “por el que no ha pagado nada”, insisten. De hecho, al día siguiente de su caída Popular abrió sus puertas, “generando negocio”, señalan. Y a eso hay que sumarle el hecho de que las acciones del Santander subieron en la apertura de mercado.

Todo ello unido a la información falsa que, consideran, tuvieron los inversores. Argumentos que están ultimando para presentar ante los tribunales de justicia antes de que acabe el mes. La fecha dependerá, también, del día en el que Santander presente los resultados del primer semestre del Banco Popular.

Se trata de la primera demanda que va directamente contra el Banco Santander. Hasta ahora todas las que se han conocido se han presentado contra el Banco Popular.

Este grupo de inversores no es el único que plantea una acción de este tipo. También las analiza un grupo capitaneado por Pimco con el bufete Quinn Emanuel.

De momento, estos fondos con más de 800 millones en deuda subordinada, y entre los que están Anchorage Capital Partners, Cairn Capital o Ronit Capital han recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Audiencia Nacional. Su último recurso fue presentado este jueves en Madrid contra el FROB.