El bufete de abogados londinense Quinn Emmanuel representa a los fondos Pimco, Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital, que tenían alrededor de 850 millones de euros en bonos del Popular, invertidos en nombre de fondos de pensiones y otros inversores institucionales, así como inversores minoristas.
En España, es la firma Andersen Tax & Legal la que actúa como asesor legal.
El recurso en sí no tiene por objeto la restitución de las pérdidas, señalan fuentes del bufete londinense, sino que forma parte de una estrategia legal más amplia que confía en obtener la máxima claridad en torno al proceso de resolución del Banco Popular y recuperar los fondos perdidos, ya que en su opinión la resolución del FROB carecía de la motivación necesaria.
Ello impidió a los afectados evaluar las razones, el fundamento jurídico y la valoración sobre las que se sustentó la decisión, según explica el abogado Richard East.
El recurso de Pimco y los otros fondos se suma a la avalancha de demandas que, tanto en España como en los tribunales europeos han presentado bonistas y accionistas del Popular, que fue intervenido el pasado 7 junio y posteriormente vendido al Santander al precio de un euro.
En el proceso, el valor de las acciones y bonos de la entidad pasó a ser cero.
La acción de Pimco no es la primera a la que se enfrenta el FROB, ya que el grupo chileno Luksic, cuya participación en el Popular -que pasó de 113 millones de euros a cero- alcanzaba un 3,45 %, también presentó un recurso contencioso-administrativo contra el FROB.
Asimismo, el que fuera el principal accionista individual en el Popular, el mexicano Antonio del Valle, que poseía un 4,2 % del capital del banco y ha perdido 550 millones de euros, ya ha presentado su denuncia a la Junta Única de Resolución (JUR), organismo que instó al FROB a liquidar el Popular.
También tiene previsto acudir a la Audiencia Nacional la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que el pasado 7 de agosto recurrió en Europa.
Además de acudir a los tribunales españoles, inversores y bonistas han presentado ya medio centenar de demandas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una vez expirado, a mediados de agosto, el plazo previsto.