En la resolución, notificada a la entidad a través de Comisión Rogatoria a Luxemburgo y de Eurojust, el juez explica que, además de los siete directivos de la entidad que ya estaban siendo investigados, "la responsabilidad penal debe trascender a la entidad ICBC en tanto tuvo un conocimiento puntual sobre la forma que operaba ICBC España, como banco de blanqueo para captar dinero efectivo de grupos criminales".

La resolución sostiene que la entidad facilitaba a los criminales "toda la operativa bancaria para ocultar, encubrir, transformar en otros productos, como préstamos a clientes en otros países y transferir mayoritariamente a China".

No fue posible contactar de manera inmediata con el banco, que siempre ha negado estas acusaciones.

En su escrito, el magistrado relata cómo se inició esta investigación, a raíz de la inhibición del juzgado de instrucción número 7 de Parla, en la llamada operación "Snake", dirigida en mayo de 2015 contra ciudadanos chinos por blanqueo de capitales.

El pasado mes de junio el juez que asumió el caso estimó en unos 90 millones de euros las transferencias ilegales de fondos en efectivo realizadas por el banco entre España y China entre los años 2011 y 2014.

Según dijo el tribunal el lunes, la investigación ha revelado el papel ejercido por la entidad ICBC España, con sede en Luxemburgo y que abrió su primera sede en España a finales de 2010.

El juez encargado del caso, Ismael Moreno, describe  las operaciones llevadas a cabo por este banco desde 2011 a 2014, con varios grupos criminales investigados por la justicia en el marco de los casos conocidos como "Emperador" y "SNAKE".

Según las autoridades españolas, al margen de las operaciones bancarias, las investigaciones contra el crimen organizado han desvelado que entre 2009 y finales de 2012 la mafia china trasladó desde España a China de manera ilegal (con sus propias agencias de giros o transporte de dinero en efectivo por carretera o en avión) hasta 1.200 millones de euros.

En el auto del lunes, el juez señala que el banco no realizó ninguna operación de préstamo o hipotecas durante el periodo investigado y "cooperó como banco de blanqueo de forma consciente y promovida por su afán de acaparar en los primeros años de actividad el máximo volumen de efectivo de los grupos criminales a los que servía en aquellas fechas".

El magistrado detalla los servicios de blanqueo ofrecidos por ICBC al grupo SNAKE, las transferencias internacionales enviadas por este grupo a través del contrato de corresponsalía de Caixabank con ICBC, así como otro tipo de conductas por las que el banco rechazaba "cualquier medida de control del origen de los fondos que depositaban de forma masiva sus clientes, sin cumplir ninguna de las obligaciones de información sobre operativas sospechosas, o realizar controles de riesgo".

Hasta ahora figuraban como investigados los dos directores de la entidad y otros cinco directivos. El magistrado considera que debe procederse también contra la entidad en tanto que los directores han actuado "en el marco de los poderes concedidos por ICBC  Luxembourg y en beneficio y por cuenta de la Entidad ICBC Luxembourg".

El auto explica que la "gran mayoría" de los clientes del banco estaban inmersos en actividades "de economía sumergida y sospechosas de fraude fiscal y arancelario".

Añade que, según su investigación, se aumentó la "opacidad de sus fondos, con el fraccionamientos de los abonos que realizaban, el uso de cuentas internas innominadas del banco, los usos compartidos de documentación falsa y NIES, la facturación simuladas y las transferencias masivas a China".

"Después de la investigación realizada, el juez considera acreditado que los investigados no adoptaron ninguna de las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y que no practicaron ninguna comprobación de control, ni comunicación de operaciones sospechosas a las autoridades, con un conocimiento puntual de estas conductas por parte de la matriz de ICBC Luxembourg".