El importe de la Oferta sería de 981 millones de euros, desde esta semana y hasta el 7 de diciembre, correspondiente a 9.810.000 Bonos de Fidelización de 100 euros de valor nominal unitario, que cubre la totalidad de Bonos de Fidelización a entregar en caso de que la Oferta fuera aceptada íntegramente.
En el folleto, la entidad advierte que el valor razonable de estos bonos es inferior al valor nominal. Concretamente, según los expertos de AFI, se situaría entre el 69,73% y el 75,0% del valor nominal, mientras que InterMoney lo calcula entre el 68,16% y el 71,30%.
Santander también explica que todo aquel que quiera acceder a la oferta debe renunciar a cualquier demanda, incluidas las relacionadas con acciones de Banco Popular adquiridas fuera del periodo comprendido entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016.
La oferta va dirigida a inversores que compraron acciones de Popular entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016, cuando el banco efectuó su última ampliación de capital por unos 2.500 millones de euros y también a aquellos que adquirieron obligaciones subordinadas computables como tier 2 de las emisiones de 29 de julio de 2011 y 14 de octubre de 2011.
Santander estima en unos 680 millones de euros el coste de la emisión para la entidad, pero dijo que la operación no tendrá impacto adicional en el capital del grupo teniendo en cuenta los ajustes que se realizaron tras la adquisición de Popular.
Al margen de esta opción, bonistas y accionistas del Popular han interpuesto medio centenar de demandas en distintos tribunales en contra de la resolución. Algunas de las demandas piden una compensación de hasta 1,85 euros por cada acción de Popular.
Un mes antes de su resolución, Popular declaraba un valor patrimonial en 10.777 millones de euros a pesar de que, con motivo de la intervención se elaboró un informe independiente que arrojó una valoración económica negativa de entre 2.000 millones y 8.200 millones de euros de la entidad en dos escenarios.
Popular capitalizaba unos 1.300 millones de euros el día de su resolución, que dejó a cero el valor de las acciones y también el de 1.900 millones de euros emitidos en bonos convertibles y subordinados.
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