El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón citó hoy a declarar como investigado al expresidente y máximo accionista de OHL, Juan Miguel Villar Mir, por presuntas irregularidades en dicha obra, en su día adjudicada a Cemonasa, sociedad creada al efecto.
García Castellón investiga el supuesto pago en 2007 de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación de la línea de Cercanías y en la que podrían estar involucrados el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el yerno de Villar Mir y exconsejero de OHL Javier López.
Tras recibir un requerimiento de información por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), OHL abrió una investigación interna que le permitió identificar dos transferencias que sumaban 2,5 millones de dólares a Lauryn Group, sociedad a la que se relaciona con el supuesto pago de la comisión.
Pese a que dichas transferencias no presentaban indicios de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales, OHL decidió ampliar la investigación.
"Del examen de los antecedentes que obran en OHL en relación con el proyecto de Cemonasa se deriva con claridad y rotundidad que no hubo ningún tipo de indicio de trato de favor en la adjudicación y desarrollo de este proyecto", han asegurado hoy fuentes de la compañía, que han defendido que la sociedad siempre actúa con total transparencia y sujeción a la ley.
En ese sentido, fuentes conocedoras del procedimiento de licitación de la línea ferroviaria, han asegurado que OHL no recibió "exceso de puntuación" en relación al resto de ofertas en lo que respecta a los criterios "subjetivos" -organigrama, proyecto de obras y programa de explotación-, en los que quedó segunda.
Por contra, fue la única que sacó la máxima puntuación en la valoración de criterios objetivos al presentar la mejor oferta en términos de asunción de riesgos y condiciones de reequilibrio.
En la actualidad, Cemonasa se encuentra en liquidación y OHL reclama a la Comunidad de Madrid el pago de 370 millones por la inversión ejecutada (320 millones) y daños y perjuicios (50 millones).
Por su parte, la Comunidad de Madrid abrió un expediente de resolución de contrato a Cemonasa por incumplimiento de las obligaciones en las obras de ampliación y soterramiento de la línea C5 de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, por la que prevé reclamar más de 300 millones de euros.