Las dos ministras, socialdemócratas, reaccionaron al acuerdo de ambas empresas para crear una sociedad de riesgo compartido, en el que se prevé la reducción de hasta 2.000 empleos administrativos y, probablemente, hasta otros 2.000 en el área de producción.
La titular de Trabajo abogó por el mantenimiento de las plantas en Alemania, y rechazó despidos colectivos por causas económicas o técnicas de las compañías acereras, al tiempo que subrayó la importancia de que la sede se mantenga en el país.
Un portavoz del Ministerio de Economía, Korbinian Wagner, precisó que se trataba de una decisión empresarial estratégica que el departamento no debía comentar, pero se remitió a declaraciones previa de la ministra, para subrayar que las "decisiones importantes y estratégicas" deben tomarse de forma consensuada con los representantes de los trabajadores.
"Es una decisión importante y necesita el apoyo de los trabajadores", recalcó.
El portavoz no quiso hablar del margen de actuación del Gobierno ante una operación de ese tipo, al tratarse por ahora de una declaración de intenciones, pero recordó que toda fusión debe cumplir una serie de requisitos marcados por la legislación alemana y la europea.
Con su acuerdo, ThyssenKrupp y Tata Steel se convertirán en el número 2 en el mercado del acero europeo. EFECOM
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