El escrito de Anticorrupción conocido hoy plantea la apertura de una pieza principal referente a la ampliación de capital realizada por la entidad en 2016 por importe de 2.505 millones de euros dada "la complejidad de los hechos y las personas investigadas", entre las que se encontraría el expresidente Ángel Ron y su Consejo de Administración.
El fiscal Antonio Romeral insta así a admitir a trámite la treintena de querellas interpuestas hasta la fecha, 26 de ellas por parte de afectados, e interesa que, de iniciarse el procedimiento, la causa sea declarada compleja por la abundante documentación y la larga nómina de investigados, en la que también figura el sucesor de Ron al frente del Popular, Emilio Saracho, y el último consejo.
Sobre los hechos denunciados, la Fiscalía destaca que son "relevantes y suficientes" para ser investigados al tratarse de posibles delitos que afectan al mercado y a los consumidores, con "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil", tanto por el montante de las inversiones como por el número de perjudicados y el "descrédito y desconfianza que genera en el sistema financiero".
Del mismo modo, resalta que estas acciones penales también responsabilizan a las antiguas cúpulas de la entidad de lo que consideran una "campaña de desprestigio" por medio de noticias con datos o información falsa, a fin de hacer caer el precio de las acciones y obtener beneficios.
En este sentido, el Ministerio Público recuerda que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de manipulación del mercado, castigado por el Código Penal español con penas de prisión de entre seis meses y dos años.
No obstante, discrepa con el contenido de la querella presentada por la Asociación Libertad y Justicia, dirigida contra el banco, su consejo saliente, el Banco Popular de Portugal, varios altos cargos del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y el propio presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.
Al respecto, explica, muestra su "sorpresa" ante aspectos "sin correlación alguna" y contra personas físicas y jurídicas "a las que no se hace referencia alguna para poder valorar si su conducta merece indiciariamente un reproche", a las que resulta imposible exigir responsabilidad penal, como el Ministerio de Economía y los organismos reguladores.
Esta mañana, la asociación de consumidores Adicae se ha sumado a las acciones penales y ha registrado en la Audiencia Nacional una querella contra Ron, Saracho y otros dieciséis consejeros por presunta estafa al inversor, falsedad contable, y administración desleal.
La agrupación considera que estos delitos habrían propiciado la quiebra de la entidad, intervenida el pasado 7 de junio y posteriormente vendida al Santander al precio de un euro, en una operación decidida por el BCE y ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que supuso la reducción a cero de las inversiones en acciones y deuda subordinada. EFECOM
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