Según dijo la empresa en un comunicado al supervisor bursátil español, la investigación se centra en una ampliación de capital por 385 millones de euros que se realizó en julio de 2015 y en la que el fiscal argumenta que se valoró la inmobiliaria Aldira -que se integró en Urbas mediante la ampliación- "muy por encima" de su valor real.

Urbas defendió sus actuaciones en torno a la operación, indicando que se cumplieron "escrupulosamente todos los requisitos legales exigidos", y lanzó un mensaje de tranquilidad a los inversores.

"El procedimiento descrito no interfiere en absoluto en el desarrollo de las actividades y operaciones de la compañía así como en el desarrollo del plan de negocio previsto, la cual sigue funcionando de manera absolutamente normal", dijo.

La cotización de Urbas se encuentra suspendida desde el 13 de septiembre, cuando la CNMV informó de que se había abierto diligencias previas tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente de la inmobiliaria, Juan Antonio Ibáñez, por un presunto delito de estafa.