La tecnología acaba con la picaresca de los sobrecostes en la construcción

Los avances tecnológicos pueden con todo. Incluso con la ancestral picaresca de las constructoras españolas de obtener mayores beneficios en base a ganar contratos a la baja y, posteriormente compensar, durante la ejecución de los proyectos, los desajustes producidos sobre el presupuesto inicialmente calculado. Esos 'modificados' convertidos durante años en el gran maná para las cuentas de estas empresas. 

“Vivimos de los errores”, decía hace unos días un destacado directivo de una de las grandes constructoras españolas en un encuentro de análisis técnico sobre el marco actual en el que se acometen los proyectos, tanto dentro como fuera de España.

Se refería a esa práctica habitual de introducir modificados en la ejecución de los proyectos. Las empresas presentaban las correspondientes facturas por estos costes sobrevenidos y los clientes -principalmente las Administraciones Públicas-, aunque a regañadientes, acababan por abonarlos sin mayores problemas.  

El BIM acaba con los modificados

El sector de la construcción ha vivido de estos sobrecostes, reconocen, de manera discreta los directivos del sector, tratando de no tirar piedras contra su propio tejado. Los mismos que, ahora, reconocen que “con el BIM la picaresca se ha acabado”.

Un método de trabajo que obliga a centralizar toda la información de un proyecto en un único modelo de información digital. Las empresas españolas no han tenido más remedio que aplicarlo en esa expansión internacional que, en los últimos 10 años, se han visto obligadas a acentuar para compensar el parón de la obra pública en España provocado por la crisis económica.

Los drones sustituyen a los topógrafos 

En la práctica, la utilización del método BIM y de otras nuevas tecnologías en la ejecución de obras, como el uso de drones, radiofrecuencia o control remoto, comporta un cambio radical. Explicado con un ejemplo claro a EL ESPAÑOL por un directivo de una gran empresa que prefiere mantener el anonimato: “los drones en la construcción de carreteras han abaratado enormemente los costes de topografía. Lo que antes hacía en una semana una cuadrilla de tres o cuatro topógrafos, ahora lo hace un dron en unas horas”, explica.

Pero no solo los avances tecnológicos han puesto coto a esta picaresca histórica en los proyectos de construcción. Con la salida de la crisis y la falta de inversión pública, las Administraciones están cambiando de cabo a rabo la letra pequeña de los contratos, de manera que va a resultar difícil, casi imposible, volver a echar mano de estas prácticas.

El nuevo plan de carreteras, sin sobrecostes  

El Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC) que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado mes de julio, iría en esta línea de dejar fuera de las próximas concesiones los sobrecostes. Un plan que contempla actuar sobre 2.000 kilómetros de carreteras hasta 2021, financiados con 5.000 millones de euros a pagar durante 30 años desde que el adjudicatario entregue la obra.

De cara a no pillarse los dedos con el cumplimiento del déficit, el Gobierno establece en el nuevo plan que habrá un precio cerrado de la concesión, y que no pagará un euro a las constructoras hasta que no terminen las obras. Y lo hará a razón de unos 350 millones de euros anuales entre 2020 y 2050.

Constructoras y bancos adelantan el dinero

De esta manera, el Ejecutivo se quita presión. Deja en manos de las empresas adjudicatarias, del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de los bancos privados, toda la carga financiera de los proyectos. Las constructoras tendrían que adelantar 1.000 millones de euros, mientras que el BEI y el resto de entidades financieras, 2.000 millones cada uno.

La razón de estos cambios se relaciona con no volver a errores del pasado, como sucedió con esa decena de autovías de peaje, que acabaron quebradas y sobre las que está pendiente de determinar el importe que el Estado deberá abonar por su Responsabilidad Patrimonial, de entre 3.000 y 4.000 millones de euros. Además, el Estado garantiza la conservación de las carreteras durante esos 30 años y, si nos la cuidan adecuadamente, las concesionarias cobrarán menos.