Este es el caso de B.Cremades y Asociados, que opta por esta fórmula en el tercer recurso presentado el jueves contra la Comisión y el organismo dirigido por Elke König ante el TJUE.

El recurso está planteado en términos idénticos a los dos que fueron presentados el 7 de agosto y el 21 de septiembre de 2017, con tres acciones legales independientes: un recurso de anulacióncontra la decisión de la JUR y la validación de la Comisión, otro de anulación específico de la valoración del experto independiente y otro bajo el formato de demanda de responsabilidad extracontractual (que no de nulidad) contra la JUR y la Comisión ¿por los comportamientos ilícitos ¿ especialmente las filtraciones ¿ que llevaron a la resolución de Banco Popular, así como por las irregularidades en su resolución¿.

Desde el despacho recuerdan que las tres acciones legales solicitan además una compensación calculada mediante una valoración ¿razonable, prudente y realista del activo y pasivo¿ del Popular que debe llevar a cabo un experto independiente nombrado por el TJUE.

En concreto, y al igual que en los otros dos recursos presentados, en este tercero se solicita una compensación equivalente al valor neto de los activos del Popular a 7 de junio de 2017 que deberá determinar un perito nombrado por el TJUE (prorrateada entre todos los afectados). ¿Si este ejercicio se hace con los estados financieros del primer trimestre de 2017, los bonistas deberían recibir el 100% del nominal de su inversión y los accionistas una compensación de 2,57 Euros por acción. No obstante, se solicita una indemnización mínima equivalente al precio de cotización de los instrumentos de capital de Banco Popular a fecha 22 de mayo de 2017¿, explican desde el despacho.

Respecto a la posibilidad de denunciar por la vía de la responsabilidad extracontractual, los abogados recuerdan que sus acusaciones se centran en ¿el comportamiento ilícito de la JUR y de la Comisión Europea¿, en especial respecto a las declaraciones y filtraciones de la JUR, ¿la pasividad de las instituciones europeas ante el colapso del banco, la falta de una buena administración y de una actuación temprana y las irregularidades en la adopción de la resolución¿.

A juicio del bufete, de no haber tenido lugar esos comportamientos ilícitos, no se hubiese tenido que resolver el banco o, por lo menos, en las condiciones en que fue resuelto.