El 13 de septiembre, la CNMV suspendió de cotización las acciones de Urbas tras saberse que su presidente y consejeros, entre otros, estaban siendo investigados por Anticorrupción por los presuntos delitos de estafa, contra el mercado y administración relacionados con una ampliación de capital valorada en 384 millones.
Anticorrupción sostiene que dicha ampliación no dineraria se llevó a cabo basándose en informes y valoraciones "completamente irracionales y opuestas a la realidad" con la única finalidad de justificar la operación "con pleno conocimiento del engaño que incluían".
La ampliación contó con el respaldo de un informe, avalado por Grant Thorton, que reflejaban unas plusvalías en los activos "totalmente irreales e injustificadas que desvirtuaban completamente el sentido de la operación".
Según Urbas, tras solicitar que se levantara la suspensión, la CNMV le informó de que para valorarlo debía poner a disposición del público un informe en el que el auditor de cuentas de la sociedad "exprese su opinión sobre los estados financieros consolidados semestrales a 30 de junio de 2017, para lo cual la sociedad deberá encargar valoraciones actualizadas de los activos más relevantes".
En un hecho relevante, Urbas asegura hoy que la dirección ya ha encargado tanto el informe de auditoría como las valoraciones de activos necesarias y que espera que estén terminados y publicados en un plazo máximo de 8 semanas.
"El objetivo de los trabajos descritos es la ratificación de la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración, así como de los estados financieros de la compañía y la eliminación de las dudas sobre la valoración de los activos que se han puesto de manifiesto", según la misma fuente.
En la nota, el Consejo de Urbas reitera su mensaje de tranquilidad y confianza tanto a sus inversores como a todos los interesados.